Javier Allue: “Sin autonomía, muchas de las medidas contra la despoblación serían ineficaces”

El comisionado del Gobierno de Aragón para la Lucha contra la Despoblación, Javier Allue, ha defendido esta mañana en Molina de Aragón la necesidad de marcos legales que aglutinen todas las actuaciones y contemplen las singularidades de cada territorio para actuar y dinamizar las áreas menos pobladas del Estado español, cuestión que requiere las competencias necesarias por parte de las comunidades autónomas.

Vino a manifestar Javier Allue que sin autonomía para los territorios, las medidas impuestas desde cualquier centralidad serían en su mayor parte ineficaces al no tener en cuenta las diferencias y singularidades de cada comunidad autónoma que sufre el problema, un déficit población que junto a la extensión influye de forma negativa en los déficits que se generan cada año.

Hizo hincapié en el esfuerzo que cada ejercicio presupuestario tiene que hacer el Gobierno de Aragón para garantizar los servicios básicos y apeló en esta línea a una reforma de la financiación autonómica. “ Es importante –dijo- huir del victimismo y asumir que en el medio rural hay calidad de vida y que se constituye en una ventana de oportunidad para el empleo”.

Allue participó en una jornada sobre despoblación que se ha celebrado en la localidad alcarreña, organizada por el Foro Next Educación y diversas entidades y administraciones de Castilla-La Mancha. En concreto, el comisionado del Gobierno de Aragón intervino en la mesa sobre “Experiencias desde el ámbito regional” junto al vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y Jacobo Rey Sastre, director general de Familia de la Xunta de Andalucía.

La jornada fue clausurada por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

En su intervención, Allue se mostró también partidario de todos aquellos foros entidades institucionales o promovidos por la sociedad civil para poner en común experiencias y propuestas en torno al medio rural y las respuestas a la despoblación, “contando siempre y en primer lugar con quienes habitan y mantienen con vida los territorios con más peligro de despoblación”.

Allue explicó que la Ley de Dinamización del Medio Rural, aprobada como proyecto de ley por el Gobierno de Aragón el pasado 9 de abril, destaca por su carácter transversal, con participación de todos los departamentos del Gobierno de Aragón y con un especial tratamiento a los aspectos relacionados con la mujer, los jóvenes y el ámbito social en general.

La mayor novedad del proyecto de ley, al que también se refirió Javier Allue, estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a partir de la clasificación de asentamientos establecida en su artículo 28: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT) inferior a 100.Estas dos catalogaciones abarcan 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón (un 66%) y en ellos tienen fijada su residencia 70.700 aragoneses (un 5% de la población total).Desgranó Allue otras novedades del proyecto de ley como el Mecanismo Rural de Garantía, destinado a que la Administración autonómica promueva, impulse y revise de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico mediante la observación de la perspectiva del cambio demográfico. Este principio rector alcanzará también a las subvenciones y sus bases reguladoras, que deberán incorporar criterios de discriminación positiva para promover acciones de dinamización, desarrollo y lucha contra la despoblación en las zonas rurales, siempre que las medidas resulten compatibles con el objeto y finalidad de las ayudas.

Insistió el comisionado en que el proyecto de Ley de Dinamización del Medio Rural es fruto de un amplio proceso de participación que involucró a todos los departamentos del Gobierno de Aragón. Se han realizado tres talleres participativos entre septiembre y octubre del año pasado y además el texto legal recibió el placet del Consejo Local, del que forma parte la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias (FAMCP).