Las Cortes apoyan la propuesta de Cs para que Aragón asuma las competencias en atención sanitaria penitenciaria

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha recabado el apoyo a su iniciativa en la que insta al Gobierno a llevar a cabo las actuaciones necesarias para que Aragón asuma las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria, en aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Además, los liberales reclaman al Gobierno que esta transferencia esté acompañada de la financiación necesaria y suficiente para su correcta ejecución. La portavoz de Sanidad de Cs, Susana Gaspar, ha recordado que la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, ordenaba la integración de los servicios sanitarios de los centros penitenciarios en los correspondientes sistemas sanitarios de las comunidades autónomas;

“A pesar de tener el Gobierno el mandato desde el año 2003, esta transferencia no ha sido realizada todavía. Muestra de ello es que en los años 2005 y 2008 se vuelven a presentar sendas proposiciones no de ley en las Cortes Generales que volvían a instar a llevar a cabo esta transferencia, las cuales fueron aprobadas”, ha recordado Gaspar.

En ese sentido, la diputada liberal ha explicado que, a la falta de personal que arrastran las instituciones penitenciarias, donde la mitad de las plantillas tanto de médicos como de personal de enfermería están sin cubrir, se añade la pandemia del COVID-19, que agrava y mucho la situación de falta de personal. “A ello se añade la falta de equipos de protección, tanto para el personal sanitario como para el resto de funcionarios que entran y salen de las cárceles, y las dificultades para aplicar las medidas de confinamiento social que se están aplicando al resto de la población”, ha añadido.

Asimismo, Gaspar considera importante esta iniciativa para solventar los problemas de atención dentro de las propias instituciones que generan la separación de la atención sanitaria en los centros penitenciarios de los servicios de salud de cada comunidad autónoma, que imposibilita el que ambos servicios puedan compartir y acceder a la información sanitaria del paciente, dificultando el seguimiento de los diferentes procesos patológicos.