La eutanasia en Aragón 18 solicitudes, 4 aprobadas, y rodaje por hacer

Un año después de la entrada en vigor de la ley de la eutanasia en Aragón se han presentado 18 solicitudes, de las que se han aprobado 4, y se prevé que el número aumente "conforme se conozca la ley", como ha sucedido en otros países en los que está regulada, y que con ellos mejore “el rodaje” que falta.

En España pueden solicitar la eutanasia, ayuda médica para morir, las personas mayores de edad y en plena capacidad de obrar y decidir en el momento de solicitarla, que se encuentre en los supuestos de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables y se articula la posibilidad de solicitar esta ayuda mediante el testamento vital o documento de voluntades anticipadas.

De las 18 solicitudes en Aragón, según los datos del gobierno autonómico, 4 han obtenido la verificación previa positiva de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir, -de los que se han realizado tres-, y hay otro caso en proceso de deliberación, mientras que en otros 13 no se ha llevado a cabo. De estos 13, en 8 las solicitudes han sido denegadas y en los otros 5 las personas que la habían solicitado fallecieron durante la tramitación, cuyo proceso se resuelve en unos 35-40 días.

Las solicitudes las han hecho personas mayores con enfermedades terminales, cánceres la mayoría, que en algunos estaban en fase tan avanzada que han fallecido antes de que se les pudiera prestar, y también enfermedades neurológicas degenerativas.

Las denegadas, casi la mitad del total, no cumplían el contexto eutanásico, el solicitante tenía alguna patología mental que le imposibilitaba tomar una decisión coherente o, en otros casos, la enfermedad que padecían si no posibilidad de curación sí tenía posibilidad de mejora clínica, explica a EFE el presidente en funciones de la Comisión de Garantías y Evaluación, Javier Olivera.

El procedimiento para solicitar esta ayuda comienza con un escrito del paciente al médico responsable de su tratamiento y, en el caso de que no encuentre en el pleno uso de sus facultades pero haya firmado un testamento vital o un documento de voluntades anticipadas, podrá ser otra persona mayor de edad la que la presente en su nombre.

A partir de este momento se inician una serie de trámites y un proceso deliberativo con unos plazos reglados que implican la participación de un segundo médico consultor, experto en la enfermedad del paciente, que debe emitir otro informe.

Los informes del médico responsable y del consultor, que pueden coincidir o no en su resultado, pasan a la Comisión de Garantías que es la que delibera y toma la decisión final. En caso de que la Comisión la deniegue, el paciente puede reclamar por la jurisprudencia contencioso administrativa, apunta Olivera.

A su juicio, es muy importante que exista esta Comisión, formada por 17 personas (9 titulares y 8 suplentes), con médicos de familia, intensivistas, expertos en paliativos, dos enfermeras, un neurólogo, un psiquiatra, cinco juristas y una trabajadora social, un equipo “multiprofesional, con mucha sensibilidad que facilita mucho las discusiones de cada caso que son largas y evalúan personas, no expedientes”.

“En algún caso incluso se ha llamado por teléfono al paciente para preguntarle entre todos los miembros y es una labor mucho más humana que burocrática, pero afortunadamente hay cinco juristas que garantizan que la ley se cumpla y que si un paciente tiene un derecho y cumple los criterios se aplique ese derecho”, destaca Olivera. Por eso se dice que la ley es “muy garantista” porque al paciente, “cuando todo va a favor”, lo ven tres médicos (responsable, consultor y el de la Comisión), además de un jurista.

Olivera admite que hubo al principio falta de información y de formación a los profesionales sanitarios que intervienen en el proceso, una carencia que ya se suple con iniciativas formativas y en lo que coincide el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, Javier García Tirado, que define como “turbulenta” la puesta en marcha de la ley en Aragón.

“Su implementación fue precipitada, seguramente por razones políticas", y “sin un buen desarrollo a nivel autonómico”, reconoce a EFE, y añade que la entrada en vigor fue “simultánea” al inicio de la formación, por lo que no existía “el sustrato adecuado” y supuso “circunstancias desdichadas” por la falta de una correcta organización en el proceso.

Alude al suicidio de Emilia, una señora de 83 años en Zaragoza el pasado noviembre, un caso que no llegó a la Comisión de Garantías y en el que fue difícil determinar “en qué punto estuvo el fallo”, aunque sí culminó con el cese de un director de atención primaria.

Esta situación sirvió como “toque de inflexión” para abordar con mayor determinación el funcionamiento de la ley, afirma.

Ambos señalan que su implementación tuvo el problema de que no estaba bien definida la objeción de conciencia de los sanitarios que intervienen en el proceso -médicos, enfermeras y farmacéuticos-, y el momento en que entraba en vigor ese derecho, lo que supuso las críticas de algunos Colegios de Médicos.

Un tema “controvertido”, recuerda García Tirado, porque los registros de objetores se crearon con la ley ya vigente. Finalmente se estableció que el profesional objetor no tiene por qué iniciar la tramitación, pero sí asegurarse de que el paciente queda “en las manos adecuadas para que se inicie el trámite”.

A raíz del caso de Emilia, se aceleró en Aragón el registro de objetores y hubo “una oleada” de sanitarios que se inscribieron, un proceso abierto y reversible. Aragón, de hecho, es una de las comunidades con mayor número, 900, apunta Olivera, quien añade, no obstante, que algunas se están revocando “conforme se conoce la ley”.

Un año después de su entrada en vigor, desde el Colegio de Médicos de Zaragoza valora su presidente que, “al margen de las reticencias éticas”, es una norma “adecuada para su objetivo y razonable, con garantías para las personas que quieren acogerse”, aunque reclama también una ley que regule y desarrolle los cuidados paliativos.

A su juicio, es muy necesaria “una dotación y una oferta en este sentido a la población” y, probablemente, muchos casos que pueden acabar en eutanasia “reconducidos con unos paliativos adecuados a lo mejor se hubieran evitado”.

A este respecto, el presidente de la Comisión de Garantías añade que en todos los países en los que se ha regulado la eutanasia han mejorado los cuidados paliativos y considera que un paciente debería solicitarla “por otros motivos” y no porque estos paliativos no sean buenos, aunque agrega que en algunos de estos países en los que está regulada la eutanasia y se cuenta con buenos paliativos, “sigue habiendo casos de eutanasia y no dejan de aumentar” porque son dos cosas “diferentes”.

Olivera recuerda además que un 5 % de las personas que han firmado en Aragón el Documento de Voluntades Anticipadas han pedido acogerse a la eutanasia llegado el caso, lo que seguro que “irá en aumento”.

Entre las dificultades que encuentra un año después de la entrada en vigor de la ley, el presidente de la Comisión de Garantías cita la valoración del sufrimiento, que “no es nada fácil de evaluar” y donde es importante la evaluación psicológica o psiquiátrica del paciente, y la obligación del respeto al mismo y a su autonomía, dado que tiene una ley que les da derecho a solicitar una ayuda para morir.

“Eso nos crea un dilema ético a los sanitarios porque no estamos preparados ni hemos sido educados para ello y la sociedad va en esto por delante que nosotros”, por lo que siguen siendo “dilemas” en los que tienen “mucho que trabajar los sanitarios y los colegios de médicos, enfermería y bioética”, concluye.