Aragón

Aragón recurrirá los criterios para la elección de la sede de la Agencia Espacial

Alega que los parámetros solo pueden cumplirlos zonas densamente pobladas y con infraestructuras consolidadas 

La mesa técnica de la candidatura ha celebrado hoy una nueva reunión.
La mesa técnica de la candidatura ha celebrado una nueva reunión este viernes.
D.G.A.

El Gobierno de Aragón va a recurrir la orden que regula los criterios para designar la sede de la futura Agencia Espacial Española y que da inicio al procedimiento al considerar que “no se ajusta a derecho y resulta gravemente perjudicial para los intereses de la Comunidad Autónoma al ahondar en el desequilibrio territorial” que precisamente el proceso aspiraba a revertir.

Lo ha anunciado este viernes el director general de Investigación e Innovación del Ejecutivo autonómico, Ramón Guirado, al término de una nueva reunión de la comisión técnica que sigue trabajando en la candidatura de Teruel. El requerimiento se aprobará el próximo miércoles –según ha explicado- en el Consejo de Gobierno, como paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, pero hoy se ha querido hacer partícipes del mismo a las instituciones y agentes que integran la candidatura.

Considera el Ejecutivo que los criterios que basarán la decisión, lejos de vertebrar el país como defendió desde el principio el Gobierno central, profundizan en el desequilibrio territorial, perpetúan la brecha entre zonas consolidadas y la España vaciada y niegan la igualdad de oportunidades para los territorios de la España más despoblada, como Teruel.

En este sentido, el documento, dirigido al Ministerio de Política Territorial y en el que los Servicios Jurídicos llevan trabajando desde la semana pasada, censura que los baremos de selección adoptados por el Consejo de Ministros “vulneran de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber regido la elección de la sede”, de acuerdo al Real Decreto para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal, a saber “vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de la actividad”; así como al artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 3 de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

El requerimiento constata que los parámetros exigidos, especialmente en lo que respecta a la existencia de infraestructuras de transporte, como tren de alta velocidad y de aeropuerto internacional con conexiones a siete capitales europeas a una distancia inferior a una hora, “en modo alguno responden a una voluntad de vertebración del territorio, ya que solo pueden cumplirlos territorios perfectamente vertebrados”.

“Lejos de corregir desequilibrios territoriales, los criterios fijados ahondan en dicho desequilibrio, reforzando el dinamismo económico y social en zonas perfectamente consolidadas, ahondando en la brecha y hurtando una vez más a áreas que han sufrido décadas de desinversión y olvido, de la posibilidad de acceder a proyectos e iniciativas que conduzcan a su desarrollo y al equilibrio territorial”, defiende el borrador que se aprobará la próxima semana y que se remitirá al Gobierno central para la reconsideración de los parámetros.

Se perpetúa así, denunciará la DGA, una situación perversa en la que “no se refuerzan las infraestructuras en determinados territorios por ausencia de interés económico que lo justifique y este mismo déficit es el que ahuyenta toda posibilidad de atractivo para la instalación de nuevos proyectos socioeconómicos”.

El Ejecutivo autonómico apoyará también su demanda en que se ignora la propia declaración de intenciones de la Comisión consultiva responsable del proceso de descentralización, que indicaba que se considerarían “la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo y la lucha contra la despoblación”. Hasta el punto de que el proceso “se distancia gravemente del planteamiento inicial invocado por la Administración del Estado”.

Entiende además el Gobierno que el procedimiento supone una “afrenta a la igualdad de oportunidades al descartar, de inicio toda candidatura que no satisfaga unas exigencias de imposible cumplimiento para la mayor parte del territorio español y que no se relacionan con la actividad a desarrollar, sino con el desequilibrio territorial que lastra el crecimiento social, económico y demográfico de algunas zonas, y que el acuerdo del Consejo de Ministros viene a perpetuar”.

De esta forma, también se vulnera el principio de adecuación al sector de actividad, en el que Teruel pese a las dificultades está impulsando un incipiente polo de desarrollo, ya que “su valoración queda supeditada en todo caso a la previa superación de unos requisitos que únicamente pueden cumplir zonas densamente pobladas dotadas de infraestructuras consolidadas”.

Además, tal como ha lamentado el director general, el proceso adolecería también de la pretendida transparencia y objetividad alegadas por el Estado, “ya que no se conoce en ningún caso cómo se valorarán los distintos criterios ni cuánto peso representará cada uno sobre el total”.

Por todo ello, el Ejecutivo va a exigir la modificación de los criterios y la suspensión del plazo de 30 días habilitado para la presentación de las candidaturas, mientras no se resuelva la cuestión planteada.

No obstante, el director general de Investigación ha confirmado que, de forma paralela, se seguirá trabajando por parte de la mesa técnica para “garantizar todos los recursos posibles y pelear la candidatura hasta el final porque aún hay recorrido para que la Agencia llegue a Teruel”. De ahí, la nueva reunión que han mantenido este viernes representantes de las instituciones implicadas –Gobierno autonómico, Diputación Provincial y Ayuntamiento-, así como del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, Universidades, asociaciones empresariales y sindicales y la Cámara de Comercio.

En la misma, se ha seguido avanzando en las propuestas de diferentes espacios físicos para la Agencia, con varias opciones sobre la mesa a corto, medio y largo plazo para cumplir con los cerca de 3.000 metros cuadrados solicitados; en las medidas de acompañamiento para el personal trasladado, que incluirían un parque de vivienda, así como otras facilidades en la materia; y en los distintos informes de impacto económico, social y de investigación para apuntalar la propuesta turolense.

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