El Supremo declara de interés general el embalse de Mularroya

El Tribunal Supremo ha estimado el recurso presentado por los regantes del Jalón y las constructoras del embalse de Mularroya contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en marzo de 2021 anuló el proyecto de construcción de la presa, que el alto tribunal considera una obra de interés general.

En la sentencia, fechada el 3 de noviembre, la sala tercera del Supremo estima los recursos de casación interpuestos por la Junta Central de Usuarios del río Jalón; por la UTE formada por Sacyr Construcción y Acciona Construcción y por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2021 que anuló el proyecto.

Aquella sentencia entendió que el proyecto de hacer un embalse de 103 hectómetros cúbicos, con su azud de derivación y conducción de trasvase, en el cauce del río Grío, en el tramo medio el Jalón, incumplía la Directiva Marco Europea del Agua.

La construcción del pantano, cuyas obras están al 70 por ciento, comenzó en 2008, y en junio de 2009 la Audiencia Nacional anuló la declaración positiva de impacto ambiental y el proyecto. El Supremo ratificó la anulación de la Audiencia Nacional en 2013 y las obras se paralizaron.

Pero en diciembre de 2014, el Consejo de Ministros declaró el interés público del pantano y seis meses después el Ministerio de Medio Ambiente emitió la declaración de impacto ambiental favorable y, un poco después, la resolución que permitió retomar las obras y que fue recurrida por las organizaciones ecologistas.

En marzo de 2021 la Audiencia Nacional dio la razón a los ecologistas, pero solo analizó uno de sus motivos, el que alegaba que el proyecto incumplía la Directiva Marco Europea del Agua. Los regantes presentaron un recurso en el que alegaban que con su sentencia, la Audiencia Nacional había infringido el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que declara a Mularroya como una obra de interés general que requiere su “pronta terminación”. Ahora, el Supremo avala la legalidad de las obras al estimar que sí que se cumplía lo establecido en la normativa cuando se aprobó el proyecto en 2015.