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CONSEjo local de aragón

Aragón impulsa medidas de apoyo a las víctimas del terrorismo en la Comunidad

La consejera de Presidencia explica los cambios normativos a asociaciones representativas de las entidades locales 

Reunión del Consejo Local este martes.
Reunión del Consejo Local este martes.
GOBIERNO DE ARAGÓN

El Gobierno aragonés ha emprendido diversas iniciativas para conseguir extender por todo el territorio de la Comunidad, con el apoyo de las entidades locales, medidas de reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo en Aragón.

Así se ha puesto de manifiesto en una reunión del Consejo Local de Aragón, que ha presidido este martes la consejera de Presidencia del Ejecutivo regional, Mayte Pérez, para informar a las distintas asociaciones representativas de las entidades locales de los cambios llevados a cabo en la Ley de Medidas de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en la Comunidad, aprobada en 2008.

En el encuentro, Pérez ha destacado que el cambio normativo aspira a buscar la colaboración y la complicidad de las entidades locales para que el reconocimiento a las víctimas de los atentados terroristas se extienda por todo el territorio aragonés.

Según informa el Gobierno aragonés, la nueva normativa incide en la idea de que la memoria de las víctimas de terrorismo constituye "la garantía última de que la sociedad aragonesa y sus instituciones representativas no van a olvidar a quienes sufrieron la lacra del terrorismo", y la de que el reconocimiento social de las víctimas se configura como "una herramienta esencial para la deslegitimación del terrorismo".

Tras resaltar que las modificaciones se han impulsado después de escuchar a las asociaciones de víctimas, la titular de Presidencia ha explicado que el “espíritu del cambio legislativo es el reconocimiento y la memoria de las víctimas, el mejor legado para que no caiga en el olvido la lacra del terrorismo”.

En este contexto, la consejera ha instado a las entidades locales “a que promuevan por todo el territorio acciones de reconocimiento a las víctimas y a poner en valor a las entidades que trabajan en favor de la paz y la libertad”.

Ha señalado que el cambio legislativo incide también en la “concienciación" y en la "educación", con el fin de que los más jóvenes "sepan que el terrorismo forma parte de un capítulo negro de la historia y tomen conciencia de ese gravísimo problema".

La reforma normativa, actualmente en fase de anteproyecto pero que se presentará como proyecto de ley en el Consejo de Gobierno del próximo 25 de enero, equipara las indemnizaciones a las víctimas correspondientes a los daños físicos y psíquicos, de acuerdo a la normativa estatal.

En cuanto a las ayudas en el ámbito del empleo, se completa la regulación estableciendo que estas personas tendrán prioridad también para participar en los programas de Formación Profesional para el empleo.

El capítulo dedicado a las medidas para el reconocimiento y memoria de las víctimas y distinciones honorificas incluye actuaciones de protección a su intimidad e imagen en actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo.

Además, establece el ejercicio de la acción popular por parte de la comunidad autónoma en los procedimientos penales seguidos por enaltecimiento o justificación públicos de los delitos de terrorismo y actos de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas.

La futura ley incluye un nuevo apartado con medidas de sensibilización y prevención, dirigidas a la educación para la paz y la convivencia, destacándose entre estas las actuaciones a realizar en el ámbito de la educación no universitaria y de difusión del conocimiento sobre el terrorismo y sus víctimas.

Por último, el nuevo texto legal incluye dos disposiciones adicionales relativas a la aprobación en el plazo de un año de un protocolo de actuación que establezca los mecanismos de coordinación en las situaciones de riesgos asociados a atentados terroristas, y al establecimiento en el plazo de tres meses de un apartado específico en la página web del Gobierno de Aragón en el que estará disponible la información administrativa que afecte a las víctimas del terrorismo.

Con la actual legislación vigente, y dentro de las solicitudes de indemnización por daños personales a las víctimas y afectados por actos terroristas, el Departamento de Presidencia ha abierto en total 186 expedientes, de los que 123 fueron estimados, con aportaciones transferidas por este concepto por un total próximo a los 2,3 millones de euros.