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Sin acuerdo entre el Salud y sindicatos que van a la huelga

El lunes 27 están citados para negociar los servicios mínimo del 31 de marzo

Manifestantes, ayer, por la sanidad pública.
Imagen de archivo de manifestantes por la sanidad pública.
E. P.

La reunión entre los sindicatos UGT, CCOO y Csif y el Servicio Aragonés de Salud (Salud) de este viernes ha vuelto a terminar sin acuerdo, por lo que el próximo lunes, día 27, están citados para negociar los servicios mínimos para la huelga general en el sector del próximo 31 de marzo.

Las portavoces de UGT, Elena Lahoz; CCOO, Delia Lizana; y Csif, Jessica Fessenden, han salido “muy enfadas” después de que desde la administración no presentar el informe sobre la viabilidad del pago de la carrera profesional solicitado a los Servicios Jurídicos, lo que les impidió continuar con la negociación del resto de las reivindicaciones. Una línea “muy, muy roja”, que impide “desconvocar la huelga”.

Lahoz ha lamentado que la situación siga “exactamente igual” y ha acusado a la administración de estar “jugando con los tiempos” para poder llegar al final de la legislatura “con fotos”. Igualmente ha informado de que la Mesa General de la Administración ha repartido este viernes los fondos adicionales de ejercicios pasados, de los que 2,2 millones van para el Salud, un montante insuficiente pero que serviría para empezar a afrontar este abono que les equipare a los grupos A1 y A2.

Pendientes de recibir la postura del Salud para al resto de reivindicaciones, sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas, en UGT señalan que no se niegan a que en el Salud se aplique de manera progresiva “pero en dos años, no en cuatro como pretenden”. Desde CCOO, Delia Lizana ha criticado que se les citara “para tonterías”, aunque confía en poder continuar con la negociación del resto de reivindicaciones, el objetivo es que “en cuanto se firme el preacuerdo, desconvocar la huelga”.

La portavoz de Csif, Jessica Fessenden, ha reconocido la desilusión “por las falsas expectativas” que, a su juicio, ha generado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, aunque ha admitido que “ha quedado claro que el problema en aspectos como la carrera profesional, el asumir el pago es un requisito legal al que el Gobierno de Aragón es el que tiene que “dar el visto bueno”.