Recta final del juicio al exjefe de ETA Carrera Sarobe por el crimen de Giménez Abad

El juicio al exjefe de ETA Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata, y Miren Itxaso Zaldúa, Sahatsa, entra este lunes en su recta final con el informe con el que la Fiscalía sustentará su petición de 30 años de prisión para ambos por el atentado contra el presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad el 6 de mayo de 2001.

Carrera Sarobe, entregado temporalmente por Francia, donde cumple cadena perpetua, y Zaldúa están acusados de un delito de asesinato terrorista por su presunta responsabilidad como miembros del comando Basajaún en el crimen perpetrado cuando el también senador popular acudía junto a su hijo de 16 años a ver un partido a La Romareda (Zaragoza).

Un asesinato que durante años engrosó la lista de atentados sin resolver de la banda terrorista y en el que fue clave la identificación de Carrera Sarobe por parte del hijo del senador, testigo directo del crimen, que lo reconoció en 2014 en una foto como el hombre que disparó a su padre.

Hace un par de semanas volvió a hacerlo en el juicio, donde aseguró que vio "perfectamente" al autor de los tres disparos que acabaron con la vida de su padre: "Nos cruzamos la mirada y nos vimos perfectamente las caras".

Con varias causas abiertas en la Audiencia Nacional, Carrera Sarobe, detenido en 2010 en Bayona (suroeste de Francia), y Zaldúa negaron ante el tribunal haber participado en el atentado.

El primero dijo que aquel día fue a Senpere (Francia) a las fiestas de Herri Urrats, organizada por las ikastolas vascas de "Iparralde", mientras que Zaldúa justificó que aquella tarde estuvo en el cine con unas amigas en un centro comercial de Usurbil (Guipúzcua).

La Fiscalía, sin embargo, expondrá este lunes que hay motivos suficientes para creer que ambos estuvieron detrás del crimen y por ello pide para ellos 30 años de prisión, la misma pena que solicita la acusación particular que ejerce la familia de la víctima.

La acusación particular pide asimismo, por su parte, que se les imponga el pago de 500.000 euros por cada uno de los hijos de la víctima y su mujer en concepto de responsabilidad civil.