La derogación de la Ley de Memoria será efectiva en febrero

El Gobierno de Aragón ha presentado la proposición de ley para la derogación de la Ley de Memoria Democrática, un “hito” del acuerdo de gobernabilidad de PP y Vox con el que se quiere acabar con la visión “partidista de la historia”, que se prevé que se apruebe por trámite de lectura única el mes de febrero.

Su derogación no impedirá que las administraciones públicas faciliten la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de los dos bandos y da paso a un Plan Estratégico de Memoria Democrática que está elaborando la consejería de Presidencia, que este lunes registró su solicitud de comparecencia en pleno para explicarlo, y que “recuperará las iniciativas positivas que pueda tener dicha ley pero de todas las víctimas”, según el portavoz parlamentario del PP, Fernando Ledesma.

Ledesma, junto al portavoz parlamentario de Vox, Santiago Morón, presentaron esta proposición que se registró en las Cortes el viernes. Ambos defendieron su presentación este lunes, 20 de noviembre, cuando se cumplió el 48 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco, una fecha que “no tiene ninguna perversión ni maldad”, ya que el plazo para presentar las iniciativas parlamentarias del próximo pleno (30 de noviembre), cuando se prevé votar la toma en consideración, concluía este lunes, según Ledesma.

“Es la fecha que ha tocado, una cuestión de azar”, añadió, mientras que Morón recalcó que se presentó públicamente este lunes por ser la fecha “que mejor venía a los dos grupos y un día de trabajo como cualquier otro”. Ambos resaltaron que la derogación de la ley no impedirá que las administraciones faciliten la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de los dos bandos, un derecho que “nadie ha puesto en cuestión”, según Morón, para quien la gravedad del texto que se va a derogar es que pretendía “redescribir la historia, lo que es propio de regímenes totalitarios”.

La Proposición de Ley de Derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, pretende acabar con un texto que según los proponentes “impone un relato oficial” y que recoge “la idealización extrema de la Segunda República, pretendiendo enlazar este período convulso de nuestra historia al modelo de democracia actual; la condena de crímenes y atrocidades cometidas por un bando durante la Guerra Civil, pero la relativización de los cometidos por el otro, y la limitación de la definición de víctimas a los que sufrieron muerte y represión por una parte, pero no por otra”. “El texto olvida y excluye de su ámbito de aplicación otros periodos, como el período de la Segunda República (1931-1936), cuando es notorio que en aquel y en otros periodos la violencia política ejercida merecería su inclusión, a modo de lección histórica”, según reza la exposición de motivos.