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Los empresarios del Pirineo se unen para reclamar indemnizaciones a la DGA

Los colectivos afectados denuncian “el maltrato constante de las medidas acordadas por la administración”

Primer fin de semana turístico en Jaca tras el desconfinamiento provincial
Primer fin de semana turístico en Jaca tras el desconfinamiento provincial
Rafael Gobantes

Autónomos y pequeños empresarios de los valles del Pirineo Aragonés (Valles de Tena, Aragón, Ordesa, Sobrarbe y Benasque), que integran el sector hotelero, restaurador, comercio y el correspondiente a las Escuelas de Esquí, se han unido en una queja conjunta dirigida al Gobierno de Aragón, ante lo que consideran “un maltrato constante con relación a las medidas acordadas por esta administración en el seno de la crisis sanitaria de control de la pandemia”, explican los afectados en un comunicado conjunto.

Argumentan en el escrito, que se consideran “especialmente agraviados no solo por las medidas decretadas por el Gobierno”, que consideran “poco acertadas y fruto de una solución generalista e insensible a la realidad de las particularidades sociales, territoriales y económicas de sus valles, sino también por las medidas correspondientes a ayudas acordadas ex post ante las continuas protestas llevadas a cabo”.

En este sentido, dicen que las medidas adoptadas, “especialmente las relativas a cierres de establecimientos, así como las intensas restricciones de movilidad que hicieron económicamente inviable” la apertura de sus establecimientos, “fueron medidas no proporcionales, ni justificadas”.

Sostienen que el Gobierno de Aragón “no ha actuado de modo diligente”. Y la falta de “comprensión” de esta administración, les ha llevado, “como única alternativa para la mejor defensa de sus intereses, a formular una petición indemnizatoria en vía administrativa”, que incluye la “interposición de una reclamación económico-administrativa” por un bufete jurídico para verse resarcidos de los daños, que argumentan, vienen sufriendo “y especialmente aquellos correspondientes a la temporada comprendida por los meses de invierno entre noviembre y marzo”.

Piensan los afectados que “no es de recibo que se prive a determinados grupos de empresarios en sectores y lugares concretos, de la posibilidad de prestar sus servicios, por el interés público de limitar los contactos y la movilidad social, sin una adecuada compensación”.

Asimismo, en el escrito que han hecho público, los afectados manifiestan que dicha reclamación, “tiene su amparo tanto en el seno de una posible responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento atribuible al Gobierno de Aragón (al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su Capítulo IV de la Responsabilidad de las Administraciones Públicas) con causa en la falta de diligencia en el dictado de sus decretos; así como en el seno de una posible compensación”.

También avanzan que la letrada que lleva el caso, “entiende que el libre ejercicio de los vecinos de estos valles al desarrollo de su actividad económica ha sido rotundamente violentado y viene avalado no solo por la propia Constitución Española y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sino también y en particular, por las propias autorizaciones y licencias administrativas pertinentes que les fueron concedidas y que ahora se han visto perjudicadas, cuando no revocadas de facto, sin que el Gobierno de Aragón haya previsto su justa indemnización”.

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