Las CC. AA. discrepan sobre el reparto español de las ayudas de la nueva PAC

Las comunidades autónomas mantienen muchas discrepancias sobre el reparto de las ayudas planteado por el Gobierno español, en sus propuestas para la aplicación nacional de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027.

El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se ha reunido este miércoles con representantes autonómicos para comenzar los trabajos del "Plan Estratégico Nacional" que pondrá en marcha la nueva PAC, pactada por las instituciones de la Unión Europea (UE).

De estos trabajos dependerá la distribución final de las subvenciones y, de entrada, las autonomías muestran desacuerdo con propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como los criterios para los derechos de los pagos, la división de las regiones, las primas asociadas (ligadas a la producción) o los eco-esquemas (ayudas suplementarias para medidas ambientales).

España recibirá más de 47.000 millones de euros de la PAC entre 2023 y 2027, para unos 695.000 beneficiarios, y la "convergencia" de las ayudas entre regiones es uno de los asuntos más controvertidos e incluso ha provocado protestas de los agricultores.

Según fuentes autonómicas y del sector agrario, Agricultura ha planteado en sus documentos de trabajo a las autonomías una división en 20 regiones agronómicas (frente a las 50 actuales) y, entre otras ideas, definir como "agricultor activo" al que obtenga más del 25 % de sus ingresos del campo y, por lo menos, 5.000 euros en ayudas.

ARAGÓN

Defiende que las ayudas se destinen al modelo familiar y a las personas que tienen como actividad principal la agricultura y la ganadería.

Apuesta por "eliminar los agravios territoriales e individuales del modelo vigente de ayuda", para lo que pide suprimir los actuales derechos históricos.

"Lo importante no es que se pierdan fondos o no, sino que se redistribuyan mejor", según fuentes de su consejería.

ANDALUCÍA

Autonomía especialmente crítica con la nueva PAC, su sector agrario ha expresado este miércoles su rechazo a las propuestas del Ministerio, que ha denominado "un cheque en blanco muy perjudicial" por la reducción de regiones productivas, su efecto en los eco-esquemas y la "indefinición" sobre los fondos de desarrollo rural.

La consejera andaluza, Carmen Crespo, advirtió antes del acuerdo de la UE contra una convergencia total en las ayudas y pidió al Gobierno una defensa del agricultor "pluriactivo" y de una regionalización que recoja la amplitud de las producciones andaluzas.

ASTURIAS

Comparte posiciones con otras autonomías de la cornisa cantábrica (País Vasco, Cantabria y Galicia); teme que el plan nacional no recoja un trato específico para el sector lácteo o para el modelo de ganadería extensiva de la zona.

Reclama una redistribución para compensar a los pequeños agricultores y a las explotaciones familiares sostenibles.

En la figura de agricultor genuino, aboga por situar en el 30 % el mínimo de ingresos dependientes del campo, salvo para trabajadores de la Seguridad Social afiliados por cuenta propia en el sector.

CANARIAS

Como región ultraperiférica tiene un régimen diferente al resto del territorio nacional, puesto que el "primer pilar" de pagos procede del programa Posei, para el que se mantiene el presupuesto.

Ha alcanzado acuerdos con el Ministerio para adaptar los eco-esquemas y la definición de "agricultor activo" a sus especificidades.

CANTABRIA

Mantiene la posición de la cornisa cantábrica (Ver Asturias).

Plantea el mantenimiento de las ayudas asociadas a la ganadería, en vacuno de leche, vaca nodriza, vacuno de cebo y ovino y caprino.

"Nos preocupa la propuesta del Ministerio sobre el diseño de los eco-esquemas al prestar más atención a la agricultura que a la ganadería, y acercándose más a los sistemas del interior y del Mediterráneo que a los de la España húmeda, donde se encuentra Cantabria", según su consejería.

CASTILLA-LA MANCHA

Sostiene que la regionalización se haga según "criterios agronómicos sin usar los valores históricos, tratando por igual a todos los agricultores y ganaderos del país con la misma orientación productiva".

Sobre los eco-esquemas, pide que reviertan en beneficio del modelo familiar y profesional.

CASTILLA-LEÓN

Traza como "línea roja" que la PAC no genere desequilibrios territoriales y pide una apuesta por la figura del agricultor profesional, según el director general de PAC de Castilla y León, Pedro Medina.

Destaca la importancia de las ayudas asociadas en sectores "frágiles" -como los ganaderos en extensivo o la leche- y pide una ayuda especial para el ovino y caprino.

Sobre los eco-esquemas, critica que el documento presentado del Ministerio "está poco desarrollado" y defiende una alternativa basada en una lista de medidas agroambientales voluntarias.

CATALUÑA

Apuesta por que las políticas relacionadas con la PAC y el plan estratégico sean "territorializados" y no diseñados "desde Madrid".

Aspira a mantener los 260 millones obtenidos de la PAC en 2020 y a incentivar la producción ecológica.

EXTREMADURA

El director general de la PAC en Extremadura, Javier Gonzalo, incide en una regionalización basada en criterios agronómicos que diferencie "pastos permanentes, tierras arables, cultivos permanentes y cultivos de regadío, y la potencialidad agraria de cada comarca".

Opina que deberían tenerse en cuenta criterios socioeconómicos -como la importancia de un cultivo en el desarrollo rural de la comarca- y un período de transitorio con derechos históricos en los que se avance en la convergencia, pero sin "grandes cambios".

Respecto al agricultor activo, opta por elevar al 30 % el mínimo de ingresos agrarios exigidos, con exenciones para el que cobre menos de 5.000 euros en ayudas; Extremadura confía en percibir los mismos o más apoyos de la PAC desde 2023.

GALICIA

El consellero gallego José González lamenta la falta de información previa a esta negociación, por parte del Ministerio, y expresa su "incertidumbre" porque "Francia y Alemania ya cuentan con sus planes estratégicos".

Comparte posición de la cornisa cantábrica (ver Asturias).

MADRID

Madrid también incide en la carencia de información recibida del Ministerio y de "informes de impacto"": "No entran en detalle de las ayudas ni se posicionan sobre lo que preocupa a los agricultores y ganaderos".

Su mayor preocupación es que solo se destine el 48 % de los pagos a la ayuda básica a la renta y que en la redistribución "no se prime a los profesionales, sino que se quiere ir exclusivamente a importes por superficie"; también teme que la criminalización de la ganadería se traduzca en menos fondos.

MURCIA

El consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Luengo, manifiesta su rechazo "al mantenimiento de los derechos históricos" y, al igual que ocurre con las islas Baleares por su carácter insular, solicita que el "secano de Levante" sea considerado región, para incrementar las ayudas.

Expresa incertidumbre sobre si las ayudas bastarán para los sectores más afectados por la convergencia, como la ganadería, ante una eventual reducción del valor de los derechos y exclusiones que "contribuirán al abandono".

Cree que la propuesta del Ministerio sobre los eco-esquemas "imposibilita la compensación de pérdidas" del sureste español y prácticas como la siembra directa o la cobertura vegetal en cultivos leñosos.

PAÍS VASCO

Euskadi pretende ser considerada "región propia a efectos de convergencia de derechos, por su singularidad foral, autonomía fiscal y porque "la propuesta reglamentaria aprobada lo posibilita, manteniendo el esquema de derechos de pago actual", según fuentes del Gobierno Vasco.

LA RIOJA

Reclama la simplificación del actual sistema que comprende 50 regiones en España, y que en el caso riojano "ha generado 14 regiones diferentes agronómicas en un territorio pequeño".

Celebra los logros para el sector del vino en la nueva PAC y aboga por una política "más justa" y "flexible".

C. VALENCIANA

Teme perder fondos porque en las propuestas "se mantiene el sistema de derechos históricos que discrimina" a sus agricultores, según fuentes autonómicas, y exige que "cualquier persona que realice la misma actividad tenga los mismos derechos".

También quiere cambiar la distribución de los fondos de desarrollo rural, teniendo en cuenta la emergencia climática.