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El PAR propone un acuerdo de la DPH en defensa de la caza y de la ganadería 

El Grupo Aragonés quiere trasladar al Gobierno central la “preocupación que puede generar la aplicación de la futura Ley de bienestar de los animales"

Zona de Caza en el municipio de Huesca
Zona de Caza en el municipio de Huesca
S.E.

El Partido Aragonés (PAR) lleva al pleno de la Diputación de Huesca la reacción contraria de los colectivos y organizaciones de cazadores y ganaderos frente a las restricciones que incorpora el anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales y ha presentado una propuesta de resolución para que la DPH manifieste “su compromiso con la protección animal y al tiempo, su rechazo y preocupación por los efectos perjudiciales, directos e indirectos, que puede generar para actividades fundamentales en el Alto Aragón como la caza o la ganadería extensiva, la aplicación de la futura Ley”, en caso ”de realizarse en los términos estrictos de su anteproyecto”.

En un segundo punto, el PAR propone que la Diputación de Huesca insta “al Gobierno central a replantear dicho anteproyecto e incorporar en el futuro proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales, las alegaciones de las entidades y colectivos de cazadores, de agricultores y ganaderos y de veterinarios, excluyendo de esta norma, en su caso, las actividades cinegéticas o la ganadería, así como otras respetuosas que puedan verse afectadas negativamente”.

En su iniciativa, el Partido Aragonés recuerda que “el pasado 18 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales” que ha generado “una importante inquietud entre diversos colectivos como los cazadores, los ganaderos, los veterinarios… muchos de ellos con vínculos estrechos, sociales y económicos en el Alto Aragón y el medio rural aragonés”. A pesar de que inicialmente se planteó separar de esta norma a “determinados animales que no se pueden ser considerados estrictamente ‘de compañía’ como, por ejemplo, los perros o aves de reclamo que son utilizados en actividades cinegéticas o también los perros pastores que son elementos fundamentales de una explotación agraria o ganadera”, finalmente no ha sido así, señala el PAR.

En consecuencia, colectivos y organizaciones de cazadores han exigido la retirada del anteproyecto al entender que “supondrá el fin de la caza tal y como la conocemos”, al tener efecto sobre situaciones concretas como el hecho de que “no se podría cazar con perro ya que podría sufrir algún daño durante el cobro o muestra de una pieza, se pone en cuestión o se llegaría a impedir el adiestramiento de perros de caza y otras prácticas habituales y respetuosas con el bienestar animal que quedarían sujetas a la interpretación”, no se podrá criar cachorros de su perro por los particulares, se obliga a la esterilización de los perros que permanecen de manera habitual en espacios abiertos y en contacto con otros perros…”.

El Partido Aragonés incide en que “resulta incuestionable en Aragón, la importancia de la caza en los ámbitos económico, social y ambiental” porque “motiva el cuidado del entorno, genera dinamismo en muchas zonas, supone empleos y consumos y es particularmente trascendente para el control de muchas especies” y constituye “una costumbre arraigada en el medio rural”.

Junto a ello, el PAR afirma que los inconvenientes alcanzan también a “los perros necesarios para el manejo de ganado en las explotaciones extensivas y especialmente en casos como el de los mastines en la defensa del ganado cuya presencia, durante los últimos años, ante los ataques de lobo y oso, se ha promovido”. Los aragonesistas entienden que “no tiene sentido la protección de esas otras especies dañinas mientras se ponen más trabas” a un medio de vida como la ganadería, donde “los perros pastores son tratados con cuidado y respeto, aunque no se trate estrictamente de animales de compañía, sino de colaboradores imprescindibles”.

Según el PAR, “la ganadería extensiva es una actividad económica esencial para nuestro medio rural”, por los ingresos y sustento para muchas familias en los pueblos, por la conservación del entorno ambiental, por la continuidad de una cultura propia secular” y la lucha contra la despoblación necesita “medidas favorables, en vez de interponer nuevos obstáculos hasta en las cuestiones más básicas”.

El Partido Aragonés apunta que incluso “una nueva posibilidad de desarrollo rural como es el cultivo de la trufa, con grandes perspectivas y localización en el Alto Aragón, puede verse perjudicada si se impone las taxativas restricciones hasta alcanzar a la participación de los perros truferos en esta actividad”.

Finalmente, el PAR reseña que también la Organización Colegial Veterinaria se ha posicionado ante el anteproyecto de Ley, “que ha generado notoria controversia”.

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