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#CONTRALADESPOBLACIÓN

La ley de dinamización del medio rural sale adelante

El marco legal aprobado  en el pleno de las Cortes incluye medidas como una fiscalidad diferenciada en asentamiento rurales con riesgo de despoblación

Pleno de las Cortes de Aragón, este jueves.
Pleno de las Cortes de Aragón.
Cortes de Aragón

La ley de dinamización del medio rural, que incluye entre otras medidas, una fiscalidad diferenciada a los asentamientos rurales con alto riesgo o riesgo extremo de despoblación para impulsar la actividad económica y asentar población, ha superado este jueves el primer trámite parlamentario con el apoyo en el pleno de los grupos del cuatripartito -PSOE, Podemos, CHA y PAR- más PP y Ciudadanos y las abstenciones de Vox y de IU.

Se trata de una norma "innovadora e integral" para canalizar y coordinar todas las acciones sectoriales del Gobierno de Aragón en la lucha contra la despoblación, según ha explicado en defensa del texto la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha insistido en que eleva a categoría de ley muchas de las políticas que el Ejecutivo lleva a cabo y las "blinda" de cara a otros posibles gobiernos.

Con esta ley, el Gobierno cierra una "trilogía legislativa" para el medio rural con las leyes del fondo aragonés de financiación municipal y la de conservación de patrimonio y protección de la agricultura familiar y no hay ningún otro parlamento, ha remarcado la consejera, que esté tramitando tres nomas que tengan un impacto tan directo en el medio rural. "Frente a discursos caóticos y victimistas de unos, frente al cinismo de otros, ofrecemos hechos", ha aseverado.

Una de las principales novedades que incluye la ley es una fiscalidad diferenciada que puede tener un impacto anual en las arcas autonómicas superior a 5 millones de euros y que se implantará en las áreas más castigadas a partir de la clasificación establecida en la norma: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los de riesgo extremo, siempre que tengan un índice sintético de desarrollo territorial (ISDT) inferior a 100.

Beneficiará a 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón -entendidos como núcleos poblacionales que integran los distintos municipios aragoneses-, a dos de cada tres, en los que tienen fijada su residencia casi 71.000 aragoneses (un 5 % de la población total).

En ambas áreas, la ley prevé una bonificación del 20 % añadida a la deducción íntegra de la cuota autonómica del IRPF por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos, en atención al grado de discapacidad de alguno de los hijos, adopciones internacionales, adquisición de libros de texto y material escolar, gastos de guardería de hijos menores de 3 años, de 300 euros por el cuidado de personas dependientes, del 7,5 % por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos y por residencia en determinados municipios.

Además, los habitantes de las zonas en riesgo extremo de despoblación (hay 703 asentamientos con 20.000 habitantes) tendrán una ayuda añadida, ya que podrán deducirse 600 euros anuales de la cuota íntegra autonómica de la Renta.

Otra de las novedades que incluye la ley es el Mecanismo Rural de Garantía, destinado a que la administración autonómica promueva y revise de forma sistemática todas las políticas sectoriales y de desarrollo socioeconómico desde el prisma del cambio demográfico.

Este principio rector alcanzará también a las subvenciones y sus bases reguladoras, que deberán incorporar criterios de discriminación positiva para promover acciones de dinamización, desarrollo y lucha contra la despoblación en las zonas rurales, siempre que las medidas resulten compatibles con el objeto y finalidad de las ayudas.

Asimismo, se contempla la descentralización administrativa como instrumento de dinamización del medio rural.

Además de los grupos que sostienen al Gobierno, han apoyado la ley desde la oposición el PP y Ciudadanos, aunque el portavoz popular, Fernando Ledesma, ha tachado el texto de "poco ambicioso, parco en medidas concretas, tacaño en el gasto y escaso en medidas fiscales", ha incidido en que los propios informes y memorias que lo acompañan representan una "enmienda a la totalidad" y ha avanzado que a la vista de su contenido, su grupo tendrá que presentar muchas enmiendas para mejorarlo.

Así, ha criticado que la "ambición de gasto" para dinamizar el medio rural sea de 11 millones de euros sin especificar en cuántos ejercicios y que todo el "dispendio fiscal" suponga a las armas autonómicas 5,1 millones de euros y beneficie a 71.000 aragoneses, porque eso equivale a 72 euros al año por beneficiario.

Menos crítica ha sido la portavoz de Ciudadanos, Beatriz García, al apuntar que supone un compendio de medidas que se elevan a rango de ley, con lo que se garantizan de forma razonable y con seguridad jurídica, al tiempo que ha considerado que fiscalidad diferenciada puede ser un "revulsivo" que en todo caso ha de completarse con las bonificaciones del 20 % en los costes laborales aprobados por Europa e incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

No obstante, ha afirmado que falta concreción sobre las medidas, su dotación y cómo se van a implementar, y en esos aspectos centrará sus enmiendas Ciudadanos.

Por su parte, Vox se ha abstenido en la votación al considerar, según su portavoz, Santiago Morón, que la parte "más efectista", la relativa a la fiscalidad diferenciada, debería ser mucho ambiciosa y extenderse a poblaciones de hasta 1.000 habitantes.

Además, ha incidido en los organismo de nueva creación sin que se concreten plazos y objetivos, y tampoco el compromiso de gasto en las actuaciones previstas, por lo que para Morón, no es más que "una mera declaración de intenciones".

Una descripción en la que ha coincidido el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha argumentado su abstención en que la ley "aporta poco más" que blindar lo que ya se está haciendo en el conjunto de los departamentos, con un nivel de concreción inadecuado y que deriva de la directriz de política demográfica o la ley de ordenación del territorio, que se replica en el texto en un "corta y pega".

A su juicio, contiene pocos compromisos añadidos más allá de una fiscalidad diferencia que su partido no comparte porque supone quebrar un principio fundamental: "que el que necesite reciba y el tenga, aporte", en el ámbito rural y en el urbano, porque "da igual dónde radique la riqueza".

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