La Audiencia Provincial elige este viernes al jurado por el crimen de Broto

La Audiencia Provincial de Huesca acogerá este viernes la constitución de los miembros del jurado popular que enjuiciarán la semana que viene a Daniela Valencia, de nacionalidad colombiana, como presunta autora de un delito de asesinato con alevosía a su expareja, Geovanny Valencia, de 26 años y natural del mismo país, al asestarle cuatro cuchilladas en el tórax sin que tuviera posibilidad de reacción o protección en el domicilio de este en la localidad de Broto, el 14 de febrero del 2020, según reza el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional del caso.

El fiscal pide una condena para la acusada de 20 años de prisión así como una orden de alejamiento a más de un kilómetro de los familiares de la víctima durante 10 años tras el cumplimiento de la condena. Por su parte, la acusación particular solicita una condena de 25 años de prisión.

Las acusaciones pública y particular se apoyan en las investigaciones para determinar que el desencadenante de la agresión fue el “ataque de furia” que le provocó a la presunta asesina la decisión de la víctima de acabar su relación.

La defensa califica los hechos de un delito de lesiones en concurso con un homicidio por imprudencia en sus dos variantes, grave o menos grave, y alternativamente como un homicidio doloso.

En su escrito de calificación, la Fiscalía relata que la acusada clavó en el tórax a su expareja un cuchillo de cocina de 27 centímetros de longitud el 18 de febrero del año 2020 cuando este regresaba del bar que regentaba en la localidad de Broto y mientras se encontraba quitándose la cazadora.

Según relata el Ministerio Fiscal, no se halló en el cuerpo de la víctima lesión alguna de lucha o defensa.

Después, la acusada se autolesionó con uno o ambos cuchillos de cocina, se lavó las heridas en el cuarto de baño y abandonó la casa.

El fiscal relata en su escrito de acusación pública que la acusada cogió las llaves del coche para huir en dirección a Boltaña, donde condujo por varias pistas y caminos hasta detenerse en una pista de la localidad de Yebra de Basa, donde aparcó y pernoctó en el coche.

Al día siguiente, pidió prestado un teléfono con el que llamó a un familiar y le dijo dónde se encontraba y fue detenida por la Guardia Civil en una de las carreteras de acceso.

La Fiscalía reclama indemnizaciones de hasta 73.508 euros a los padres de la víctima por parte de la acusada, 16.079 euros para el hermano de la víctima y 21.300 euros para la hermana de la víctima.