La Audiencia de Huesca solicita los "Papeles de Pandora" en busca de bienes de Victorino Alonso

La Audiencia de Huesca ha reclamado al diario El País el envío de todos los documentos incluidos en los llamados "Papeles de Pandora" referidos a las sociedades opacas abiertas por el empresario Victorino Alonso en distintos paraísos fiscales.

El tribunal oscense, que informa de su decisión en una providencia a la que ha tenido acceso Efe, pretende indagar acerca de los bienes que podría ocultar el denominado "rey del carbón" a fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia que le condenó a 2 años de cárcel y al pago de 25,5 millones de euros por la destrucción del yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, en la provincia de Huesca.

Alonso fue condenado en noviembre de 2016 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca, sentencia que ratificó la Audiencia de Huesca, dos años después, pero alegó encontrarse en una situación de "insolvencia económica" para no hacer frente al pago de la cantidad reclamada por la fiscalía, el letrado de Ecologistas en Acción, Pablo Malo, y los servicios jurídicos del Gobierno aragonés.

En octubre de 2021, El País, en el marco de una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que también participaba en España La Sexta, publicó diversos documentos referidos a las sociedades opacas abiertas por Victorino Alonso en paraísos fiscales.

El diario revelaba que el 21 de junio de 2016, Alonso aparecía vinculado a una sociedad en Panamá que en mayo de 2017 abrió una cuenta destinada a la administración de inversiones en activos financieros y con un patrimonio de entre 25 y 30 millones de dólares.

Unos meses antes de hacerse pública esta información, el Gobierno de Aragón solicitó al juzgado que dictó la condena la entrega de la finca de caza de Bastarás, donde se ubica el yacimiento prehistórico de la Cueva de Chaves, así como el embargo de bienes del empresario Victorino Alonso.

En su escrito, el Ejecutivo regional fundamentaba su petición en el tiempo transcurrido desde que se dictó la condena y en el hecho de que no se había practicado embargo alguno al acusado en ejecución de la sentencia.

Un proceso de demora que tiene su origen en la decisión adoptada en noviembre de 2018 por el titular del referido juzgado de lo penal de dejar en suspenso la sentencia, en un auto en el que el magistrado sopesaba la situación personal de Alonso, entre otras cuestiones su insolvencia económica para hacer frente a la indemnización.

"En este caso -destacaba el magistrado- la responsabilidad civil asciende a 25,5 millones de euros lo que, por sí solo, ya da una idea de la dificultad de hacer frente a tan elevada cuantía".

Victorino Alonso fue condenado como responsable directo de la destrucción del yacimiento arqueológico de Chaves, uno de los más importantes del neolítico español y europeo.

En opinión de los peritos que informaron en el juicio, el enclave de Chaves y otros situados en su entorno no sólo eran de interés para el arte rupestre sino que estaban declarados de interés cultural, además de estar considerados en su conjunto como patrimonio mundial de la Unesco.