La ganadería extensiva “ve en peligro” su futuro con la PAC

La nueva Política Agraria Común (PAC) que se aplicará entre los años 2023 a 2027 ha generado una profunda preocupación e incertidumbre en el sector de la ganadería extensiva. Ante el nuevo modelo, las asociaciones de Uaga y Asaja manifiestan que están en peligro gran parte de las explotaciones de las comarcas pirenaicas.

No convence la modificación de la tabla de equivalencias en Unidades de Ganado Mayor (UGM), pasando las ayudas en una unidad de vacuno de 1 a 0,80, y de ovino de 0,15 a 0,10, y por tanto, disminuyendo el valor de las cabezas de ganado. Tampoco el precio del derecho de tierra, antes 180 euros, ahora 103 en la zona de pastos. Ni siquiera la adaptación a la burocracia digital, cargada de inspecciones y condicionalidad asociadas a los requisitos medioambientales y Ecoesquemas que bloquea a los ganaderos para atender a sus explotaciones.

“Un pastor con 500 ovejas va a perder a razón de 5.000 o 6.000 euros de 2023 a 2027. Europa va a conseguir lo que quiere, sacrificar la ganadería extensiva en las comarcas pirenaicas”, ha manifestado Joaquín Solanilla, secretario provincial de Uaga, que ha añadido a esta problemática el incremento de los costes de producción a escala inflacionaria, “convirtiéndolo en un sector que no es rentable”, ha lamentado.

Esta nueva política, cuya aplicación está prevista desde 2023, tiene entre sus objetivos fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado, que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo.

De igual manera apoya y refuerza la protección del medio ambiente, incluida la biodiversidad, y la acción por el clima, contribuyendo así a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión Europea, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París.

Finalmente, la PAC pretende fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales, punto que no comparten desde Asaja, ya que está “completamente alejada de la realidad del sector”, sentenció Ramón Solanilla, representante en Huesca.

Horizonte negro

“La PAC se creó para conseguir una mejor calidad alimentaria y precios asequibles. Ahora lo estamos convirtiendo en exigencias medioambientales, que en el papel podrían cumplirse, pero sobre el terreno no lo hacen”, ha puntualizado el ganadero.

Ante ello, el representante de Asaja hace hincapié en la importancia de la ayuda a la renta agraria o pago base. En el caso del “Primer Pilar”, atañen a las hectáreas o cabezas de ganado. En segundo lugar, correspondientes al “Segundo Pilar”, se encuentran las medidas de desarrollo rural, medioambiente, zonas desfavorecidas o gestión forestal.

“Es aquí donde la Administración debe aumentar la dotación al máximo. Este dinero sí llega a las explotaciones más desfavorecidas con sus planes de mejora”, ha afirmado Ramón Solanilla.

Por su parte, el representante de Uaga incide en que “la única salida” para estas zonas deprimidas y abandonadas por los ganaderos extensivos es “doblar la ayuda de montaña”.

Valora que Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza convergen en el valor de los pastos en esta nueva PAC con el territorio catalán, “siendo su realidad más cercana a Asturias o Cantabria”, reseñó el ganadero.

Con todo ello, desde la asociación manifiestan una gran preocupación por el futuro del sector ganadero extensivo que queda a los más jóvenes. “Siempre han mostrado ambición e inquietud a pesar de estar en el precipicio, pero ahora les dejamos con menos medios de cara a los próximos años”, ha lamentado el representante de Uaga.

“Nunca hemos tenido una generación tan bien preparada. Habrá un descenso de las explotaciones ganaderas porque económicamente no son viables. Hacemos todo lo posible, pero la Administración no es consciente”, ha remarcado su homólogo Joaquín Solanilla.

Un total de 72 jóvenes se incorporan al sector agrario

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente publicó en diciembre de 2021 la séptima convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022. La convocatoria contaba con la mayor dotación presupuestaria hasta el momento, 35 millones de euros, cofinanciados por la Unión Europea (fondo Feader), la Administración General del Estado y el Gobierno de Aragón.

Por provincias, en Huesca se ha propuesto la aprobación de 72 incorporaciones, en la de Teruel 66 y en la de Zaragoza 87. En cuanto a la incorporación de mujeres, indicar que se ha propuesto la aprobación de 55 expedientes para futuras agricultoras, lo que otorga un porcentaje respecto a las aprobaciones totales del 25 %.

En total, se han recibido 232 solicitudes para la nueva instalación de jóvenes, de los que cumplen los requisitos exigidos para resultar beneficiarios 225. De éstas, realizan inversiones simultáneas para modernización de sus explotaciones mediante planes de mejora 95 solicitudes. En la propuesta de resolución provisional que se publicó ayer en el BOA se aprueban la totalidad de los expedientes.

En el ámbito de ayudas a la modernización de explotaciones, esta convocatoria ha sido continuista con la convocatoria anterior, tanto en intensidad máxima de la subvención como en la tipología de inversiones elegibles. Se han recibido un total de 626 solicitudes de las que 60 incumplen algún requisito para ser beneficiarios o han desistido.

De las 566 que finalmente han cumplido todos los requisitos, se propone la aprobación de su totalidad, es decir, también el 100 %. Por provincias, se han propuesto 215 aprobaciones en Huesca, 146 en Teruel y 205 en la provincia de Zaragoza.