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atentado contra el patrimonio

Victorino Alonso se libra de la cárcel por destroza el yacimiento de la Cueva de Chaves

Desestiman los recursos de la DGA y Apudepa que pedían que cumpliera la pena mientras no cumpla la responsabilidad civil y entregue la finca

Cueva de Chaves
Cueva de Chaves
S.E.

Victorino Alonso no pisará la cárcel. La Audiencia de Huesca ha desestimado los recursos del Gobierno de Aragón y de la Asociación en Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) presentados contra la remisión de la condena del empresario leonés que destrozó el yacimiento neolítico de la Cueva de Chaves, en el coto de Bastarás (Casbas de Huesca), para convertirlo en un abrevadero para las cabras de su finca de caza. El último resquicio que queda abierto es el de la finca, a nombre de la empresa Fimbas, responsable civil de la tropelía, y que el Gobierno aragonés tramita matricular a su nombre como parte del pago de responsabilidad al que fue condenado el minero y que ascendía a 25,4 millones de euros. El juez ordenó su embargo en 2021, pero sigue sin ser entregada.

“En esencia, es un horror esta justicia”. Las palabras de Belén Boloqui, presidenta de Apudepa, no pueden ser más críticas. “Se va de rositas”, añade. Y es que, asegura que lo que fue una condena ejemplar en 2016 (25,4 millones de euros y a 2 años y 6 meses de cárcel), se ha desvanecido.

En 2018, el juzgado acordó suspender la ejecución de la pena durante tres años por la insolvencia económica de Alonso para afrontar la indemnización y la falta de antecedentes penales. “Transcurrido el plazo de suspensión sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida”, según el texto legal, se acordó la remisión definitiva de la pena de prisión en septiembre de 2022. Apudepa y Gobierno de Aragón alegaron que mientras no cumpliera el resarcimiento -la entraga de Bastarás- no se le perdonara. Pero los recursos no han prosperado.

La abogada de Apudepa, Pilar Villellas, critica duramente el auto. “No se puede remitir la pena sin cumplir la responsabilidad civil”, asegura. Y añade que, además, Victorino Alonso “tiene dinero”. Afirma que salió en los papeles de Panamá, con cuentas en paraísos fiscales, y que este dato lo apuntaron en su recurso. “Pero ni entraron en el tema”.

Recalca que todavía se puede hacer algo para recuperar la finca, para que pase a ser pública la propiedad donde se produjo uno de los mayores expolios de patrimonio y se cometieron otros delitos ambientales. “Se resolvió hace año y medio. Espero que la entreguen que es lo que tienen que hacer”, concluye.

Por su parte, Pablo Malo, colegiado de Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que denunció desde un principio el expolio del yacimiento ocurrido en 2007, busca un lado positivo en  este atentado contra el patrimonio que cometió el minero. “Se le condenó. Es un delincuente y constará como antecedentes”, asegura. Asimismo, recalca que el embargo de la finca en la que se ubica el malogrado yacimiento, a nombre de la empresa Fimbas y que fue responsable subsidiaria del daño, “continúa”.