Uaga calcula en un 10 % las hectáreas que no se sembrarán por falta de liquidez

El sindicato agrario Uaga calcula que en torno a un 10 % de las hectáreas de Aragón se van a dejar de sembrar por falta de liquidez de los profesionales y de ayudas directas por parte de las distintas administraciones, a las que reclaman que "paguen más y antes".

Así se ha puesto de manifiesto en una rueda de prensa en la que han intervenido el secretario general de Uaga, José María Alcubierre, y los tres secretarios provinciales: José Antonio Miguel (Zaragoza), Alberto Escura (Teruel) y Óscar Moret (Huesca).

Una rueda de prensa que la organización ha convocado ante el inicio de la campaña de siembra de 2023 que Alcubierre augura como "una de las más complicadas de los últimos años" y, en su caso, de su vida debido a la "crítica" situación que afronta el sector tras una reducción de la producción por la sequía de alrededor del 35-40 %, el incremento de los costes por los elevados precios de los insumos (gasóleo, sulfatos, abonos o semillas), y, por contra, de la bajada de lo que se paga al productor.

Según Alcubierre, los agricultores y, especialmente los que viven del secano, "no están con el agua al cuello sino un poco más", mientras por parte de las entidades bancarias se les deniegan préstamos precisamente a las explotaciones "más débiles" por insolvencia y, en el caso de Aragón, debido al retraso en la conformación del Gobierno autonómico, tampoco se está cumpliendo el acuerdo programático.

Es por lo que el líder de Uaga reclama "agilidad, rapidez e interlocución" por parte de la administración para que dé solución al campo y en el caso de Aragón no se retrase el pago del adelanto de la PAC, anunciado para el 10 de noviembre, cuando, han recordado desde la organización, en otras comunidades ya se está abonando.

"Tienen que dar órdenes desde el mundo político para que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, especialmente los jóvenes de nueva incorporación, para el gasóleo...", ha reclamado Alcubierre ante la "inacción por parte de la clase política".

Reclama asimismo la devolución de los IBI que "prometieron" diputaciones y ayuntamientos, pero también considera necesario "despertar a la sociedad porque o se nos comerán otras comunidades autónomas -ha dicho- o desaparecerá el sector".

El responsable de UAGA en Aragón ha incidido en la necesidad de los agricultores de "volver a plantar y recuperar la esperanza" en sus campos, aunque se ha mostrado partidario de dar un "margen de confianza" al nuevo consejero de Agricultura, Ángel Samper, al no haberse cumplido los 100 días de gobierno.

Desde Teruel, José Antonio Miguel ha puesto de manifiesto la insuficiencia de las ayudas directas, de 45 euros por hectárea, para cubrir el coste de la siembra, que ronda los 1.100 €/ha y los 600 en los terrenos más áridos, por eso reclaman el adelanto del 70 % de la PAC porque supondrían otros 185 euros y dado que "no sirven los seguros" que "solo cubren el 30-35 % de los costes".

"No tenemos dinero para sembrar y las cooperativas vacías no tienen capacidad para adelantar el dinero", ha lamentado Miguel, quien denuncia que la Consejería "lleva desde el 14 de agosto en la cama y se tiene que levantar y poner soluciones".

Por su parte, Albero Escura ha alertado de la situación que atraviesa la ganadería extensiva por la falta de pastos debido a la sequía, que ha obligado al propietario a implementar la alimentación con piensos y a no poder asumir el coste de la paja, de 160 euros por tonelada, debido a la "especulación" derivada del "gran acopio" por parte de las deshidratadoras y para la producción de energía.

Es por lo que Escura pide una norma para que en años de escasez la paja se destine de forma prioritaria a la alimentación del ganado.

Los leñosos por su parte se encuentran en una situación "peor que la que llevó a la gran movilización de 2019", ha asegurado el secretario provincial de Huesca, quien ha alertado que los incrementos de producción, "muchos relacionados con el cambio climático, han provocado la desaparición de muchas explotaciones".

Ha lamentado lo "duro que es que después de un año de trabajo el agricultor no tenga dinero para volver a empezar" y ha puesto como ejemplo el precio que se paga por la producción, que en el caso de la almendra ha caído de 3,50 a 2,60 euros por kilogramo, lo que se suma a un descenso de la cosecha del 40 %, o que por la fruta se abonen 44 céntimos de media, lo mismo que cuesta producirla.

En el caso del olivo ha reconocido una reducción del 15 % de la producción, pero ha advertido que parte del incremento del precio del aceite es "especulación".

Moret ha reclamado que las ayudas directas lleguen cuando hay momentos de crisis y que igual que se tienen que cumplir los convenios laborales se cumpla la ley de venta a pérdidas o de proveedores que, asegura, que no se cumplen.