El Mitma adjudica el mantenimiento del tramo de la AP-2 en Aragón

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicado los últimos cuatro contratos de servicios, de los seis licitados, para la conservación y explotación de las autopistas AP-2 y AP-7 en Aragón y Cataluña, uno de ellos en la Comunidad aragonesa.

Los contratos también afectan a los elementos funcionales y otros servicios públicos y obras menores relacionadas con esos servicios por un importe de gastos total de 68,2 millones de euros. La duración de cada contrato es de 2 años, con posibilidad de prórroga de 3 años.

Las autopistas de peaje AP-2 Zaragoza-El Vendrell y AP-7 Tarragona–La Junquera, que suman 477 kilómetros en Cataluña y Aragón, finalizaron sus contratos concesionales el 31 de agosto de 2021, informa el Mitma en una nota de prensa.

Tras su reversión al Estado, Mitma pasará a gestionarlas directamente a través de su programa de conservación y explotación de carreteras, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

A estos efectos, están en proceso de contratación los servicios necesarios en los 6 sectores en que pasan a integrarse: 5 de ellos en Cataluña y 1 en Aragón.

El tramo de Aragón en la AP-2 es: Alfajarín - límite provincia Huesca/Lleida, entre los puntos kilométricos 18,126 y 120,550; las áreas de servicio de Pina, Monegros y Fraga (AP-2); y el importe es de 13,6 millones de euros.

Como parte de las actuaciones a realizar, se incluyen en estos contratos las de desmantelamiento de las playas de peaje y adecuación de las calzadas al nuevo modelo de explotación.

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo diferentes actuaciones.