A juicio un vecino de Albalate por presunto intento de agresión a dos guardias civiles

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha pedido para un vecino de Albalate de Cinca una condena por delito de atentado a la autoridad, que puede alcanzar los tres años de prisión, por el presunto intento de agresión a unos agentes cuando iban a pedirle la documentación por una conducta vial. Asimismo, le acusan de daños a una propiedad, delito tipificado con hasta dos años de cárcel.

La calificación de la fiscalía es de resistencia a la autoridad, sancionado con un año de arresto, y la defensa reclama su libre absolución, por considerar que los hechos no se produjeron de esa manera y que existió una mala práxis policial.

El Delegado de la AEGC Juan Carlos Aznar ha manifestado a este periódico su preocupación y malestar, por considerar que los fiscales están rebajando sistemáticamente la valoración de los delitos de los detenidos por las fuerzas policiales, lo que supone una rebaja considerable de las sanciones y la indefensión del propio Cuerpo benemérito.

La vista del juicio oral por este caso se celebró el pasado jueves, en el Juzgado Penal Nº1 de Huesca. Según explica Jorge Piedrafita, letrado de los Servicios Jurídicos de la AEGC, un vecino de Albalate de Cinca se dio a la fuga el pasado 10 de marzo al descubrir la presencia de un coche policial que se encontraba realizando un servicio ordinario de patrulla. El hombre, dio un giro brusco y comenzó a circular a gran velocidad por vías pecuarias durante kilómetro y medio, pero quedó bloqueado al introducirse en un campo de alfalfa.

Los agentes, según el mismo relato, le pidieron que depusiera su actitud y que entregara su documentación, cuando el infractor, supuestamente, “trató de agredirles de forma consciente y voluntaria” y tuvo que ser reducido y, posteriormente, conducido a dependencias policiales.

La Asociación Española de Guardias Civiles que ejerce la acusación particular de los dos agentes solicitó una condena por delito de atentado a los agentes de la autoridad y los daños producidos en el campo durante la huida, mientras que la fiscalía les acusó únicamente de atentado y posteriormente rebajó su petición a delito de resistencia, lo que implica una pena muy inferior. Por su parte, la defensa reclamó la libre absolución, argumentando que los hechos no se habían producido y que se trataba de una mala actuación policial.

Preocupación en la Guardia Civil

La Asociación Española de Guardias Civiles ha expresado su preocupación ante el creciente número de agresiones a los agentes en acto de servicio en la comunidad aragonesa, especialmente en los últimos meses en los que tienen que realizar mayor número de controles por los confinamientos, así como proponer sanciones por las infracciones de covid-19.

La AEGC recurda que es la única asociación profesional en Aragón que ejercita la acusación particular para todos sus agentes en los incidentes sufridos en acto de servicio, “para garantizar los derechos de los guardias civiles y su resarcimiento, aunque no medie lesión corporal alguna”, explica la entidad.

Piedarafita afirma que el servicio jurídico de la Asociación seguirá trabajando para que ninguna agresión “quede impune o salga gratis” y recalca que la acusación particular en estos casos es fundamental para intentar “evitar tratos fáciles que comporten penas ínfimas por sucesos que en muchas ocasiones son de gravedad”.