La asociación Ecologistas en Acción ha interpuesto en los juzgados de Huesca recursos administrativos contra los proyectos de ampliación del parque eólico de Santa Cruz I y de ejecución de una línea eléctrica de evacuación desde estas instalaciones hasta la localidad altoaragonesa de Monzón.

En un comunicado, los conservacionistas denuncian que los seis parques eólicos proyectados por el clúster empresarial Santa Cruz afectan a zonas de interés para la protección de las aves que afectarían a los términos municipales de Berbegal, Peralta de Alcofea, Castelflorite y Sariñena, así como al de Monzón, donde se prevén construir dos subestaciones encargadas de canalizar los 110 kilovatios de potencia generados a través dos líneas de alta tensión.

Según esta asociación, las promotoras de estos parques son sociedades filiales de Forestalia, según consta en los expedientes tramitados en el Instituto Aragonés de Gestión Ambientalo (Inaga), aunque, añaden, las instalaciones forman parte de un paquete llamado Delta , que fue vendido a Repsol a principios de 2020.

Los ecologistas advierten que estos parques se extenderían por "el mejor refugio" para las aves esteparias de existente en la provincia de Huesca, al norte del río Alcanadre, donde, subrayan, existen cuatro áreas designadas para la conservación de estas especies, algunas en riesgo de extinción como el sisón.

De igual forma, destacan, se verían afectadas otras especies amenazadas como el milano real, catalogada asimismo en peligro de extinción, el halcón peregrino, el aguilucho cenizo, el águila real o el cernícalo primilla.

Asimismo, los 19 aerogeneradores proyectados afectarían de forma especial a la población de alimoches que nidifica en las paredes de los sasos, que cuentan con trece nidificaciones, nueve de ellas dentro de los polígonos de los parques proyectados

Desde Ecologistas en Acción se denuncia que las zonas sensibles, ocupadas por especies amenazadas para su nidificación o que son importantes para su conservación deben ser "vetadas" para la instalación de parques eólicos ya la legislación española obliga a las administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para su conservación.

Señalan al respecto que la declaración de impacto ambiental otorgada por el INAGA a principios del 2022 en relación al parque eólico Santa Cruz I "no soluciona con su condicionado los impactos ambientales provocados por estos proyectos, permitiendo la instalación de aerogeneradores a poco más de un kilómetro de nidificaciones de especies amenazadas".

Y añaden que ante la falta de respuesta del Inaga y del Servicio Provincial de Industria a las alegaciones presentadas contra estos proyectos se ha tomado la decisión de presentar demandas por la vía de lo contencioso administrativo con los proyectos de parque eólico Santa Cruz I y la línea de alta tensión de evacuación de la energía producida en sus instalaciones hasta Monzón.