El Gobierno declara 33 expropiaciones lesivas en Sigüés

JACA.- El Consejo de Ministros del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos aprobó este martes varias declaraciones de lesividad que afectan a 33 acuerdos de expropiaciones en Sigüés. Estos acuerdos fijaban el precio pagado por la Administración para el uso de dichas fincas con motivo del proyecto de recrecimiento del embalse de Yesa.

Las declaraciones de lesividad afectarán a los acuerdos emitidos por el Jurado Provincial de Expropiación de Zaragoza, al observar que el precio obtenido está desajustado respecto al valor real de las fincas. El Gobierno entiende que los acuerdos -que fijaban este precio desorbitado- son lesivos para el interés público. Por ello, se inicia el procedimiento para que la Justicia, si estima el recurso, anule dichos acuerdos.

Podemos Aragón cree que los afectados, "además de ser exiliados forzosos, han sufrido un doble revés de injusticia, al ver que a unos se les pagó de más por negociar lo innegociable: un precio público". "Esto pone de relieve los favores políticos de años pasados que se están enmendando, aunque nunca se podrá sentir "justicia" por quienes tuvieron que abandonar sus casas o tierras de cultivo", afirman.

Según Podemos, "hay que seguir trabajando para que las compensaciones por grandes obras hidráulicas pendientes -como Jánovas, Mularroya o Almudévar- se realicen cuanto antes y de forma transparente y que "el interés general" no suponga el expolio de pueblos enteros". Además, reiteran su postura "en contra de Yesa", porque "no se asegura que el movimiento esté controlado, siendo un riesgo enorme para las poblaciones aguas abajo".

Para el secretario territorial de CHA-Alto Aragón, José Ramón Ceresuela, "hay una grave incoherencia del Gobierno PSOE-Podemos/IU, que convierte en norma una figura excepcional como la lesividad, cuando sigue adelante con el mayor ejemplo de desviación presupuestaria como es Yesa recrecido", y "no puede ser que el Jurado Provincial de Expropiación de Zaragoza, creado para arbitrar y decidir el justiprecio, sea desautorizado permanentemente".

"Sorprende que un Consejo de Ministros considere lesivos para el interés general acuerdos que según ellos son claramente desajustados respecto al valor de las fincas, mientras siguen adelante con las obras del recrecimiento que fueron adjudicadas por 113,5 millones y superan los 433", concluyó el dirigente de CHA.