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Mejora la cobertura legal de las personas con discapacidad

Atades ha abordado este lunes los cambios de la última reforma en una jornada celebrada en Jaca

Asistentes a las jornadas celebradas en la sala Europa del Palacio de Congresos de Jaca.
Asistentes a las jornadas celebradas en la sala Europa del Palacio de Congresos de Jaca.
R. G.

Una veintena de ciudadanos han asistido este lunes al Palacio Congresos de Jaca, donde Atades ha organizado una jornada sobre la reforma legal de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En las jornadas, han intervenido el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huesca, Juan Andrés Baratech; el notario Rafael Abbad y la abogada Pilar Trasmonte en un coloquio moderado por Victoria Ledesma, coordinadora del área de protección de Atades.

Según Ledesma, “la reforma visibiliza la filosofía de trabajo que se implementa en los últimos 10 años”. “Quienes atendemos a personas con discapacidad intelectual ya veníamos centrando la atención en las capacidades y no en las limitaciones; en el respeto a su voluntad y no en la sobreprotección; y en la promoción de sus capacidades para alcanzar la mayor autonomía posible”, explicó.

Una de las claves de la reforma es la inclusión del facilitador, “un psicólogo experto en discapacidad intelectual, neutral e independiente, que a modo de ‘traductor’ entre los agentes jurídicos y la persona con discapacidad analiza las limitaciones para generar apoyos específicos”. Su objetivo es “garantizar su derecho a entender y ser entendido a lo largo de cualquier proceso judicial o notarial”.

Otro cambio es “la obligación de revisar todas las tutelas y curatelas actuales, y las curatelas dictadas bajo la nueva legislación, cada 3 años”. “La revisión es necesaria cuando en la persona con discapacidad hay cambios significativos porque su edad conlleve ampliarla o porque necesita menos apoyos”, apuntó Ledesma, agregando que “la imposición de que la revisión sea periódica y no a discreción (cuando la persona lo considere) provocará mayor carga en los juzgados y una demora en los procesos”.