El Tribunal Supremo anula el embalse de Biscarrués

HUESCA.- El Supremo ratifica la nulidad del anteproyecto de Biscarrués y la declaración de impacto ambiental

El Tribunal Supremo ha dictado sendas sentencias en las que desestima los dos recursos interpuestos por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón contra las sentencias pronunciadas por la Audiencia Nacional referidas al embalse de Biscarrués.

Los magistrados del Supremo ratifican los pronunciamientos de la Audiencia Nacional, una que estimaba en parte los recursos presentados por varios ayuntamientos de Huesca y anulaba las resoluciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y otra segunda que estimaba en parte el recurso presentado por distintas asociaciones ecologistas y declaraba la nulidad de las resoluciones que impugnaban.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la resolución de 14 de febrero de 2012 de la Dirección General del Agua, que aprobó el expediente de información pública y del Anteproyecto y Adenda del embalse de Biscarrués en el río Gállego, así como la resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, de 8 de julio de 2011, por la que se formula declaración de impacto ambiental de dicho proyecto, por infracción de la Directiva 2000/60CE, conocida como Directiva Europea del Agua.

La Sala analiza si el interés general de un proyecto de obras hidráulicas, como el del embalse de Biscarrués, equivale o es equiparable al concepto de "interés público superior" que exige la citada Directiva Europea del Agua a los proyectos que afecten al estado de aguas superficiales para entender justificada la alteración de las mismas.

Sobre esta cuestión, la sentencia afirma que lo que la Directiva exige para excepcionar dicha alteración es que exista un interés público superior, es decir, que se explique por qué el interés público de la ejecución del embalse es superior, overriding, majeur respecto de los intereses afectados por la excepción posible.

La Sala explica que aun teniendo ciertas similitudes el «interés general» y el «interés público superior», no puede concluirse que «sean equivalente o puedan equipararse», ya que el «interés público superior» exige inexcusablemente una comparación, en exposición propia e independiente, un plus respecto del «interés general».

Las resoluciones anuladas –agrega la Sala- "deberían haber tratado separadamente el «interés público superior». Y además, deberían haber, no solamente afirmado que dicho «interés público superior» existía en la ejecución del embalse de Biscarrués, (es decir, el qué (quo)), sino razonar por qué, de qué modo, (quomodo), ese interés público es superior a los otros intereses afectados".

Añade que, en consecuencia, la exigencia de un estudio explicativo y justificativo del interés público superior en el momento temporal de las Resoluciones objeto de este litigio venía impuesta por la Directiva 2000/60CE y por el Real Decreto 907/2009 por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

La Sala recuerda que la exigencia de la explicación y justificación de este interés estaba establecida con anterioridad a las Resoluciones Administrativas impugnadas, tanto en la Directiva como en el Real Decreto.

En consecuencia, vinculada a la Declaración de Impacto Ambiental (2011) al Anteproyecto (y adenda) (2012), objeto del recurso en la instancia, y negada esa condición de actos de trámite en los mismos, "debió haberse explicado y justificado en el Anteproyecto, a la vista de la DIA, alegaciones en Información Pública, etcétera, el «interés público superior» de la obra del embalse de Biscarrués, y perfectamente pudo así hacerlo la Administración en la Adenda", subraya la Sala.

La sentencia concluye que si una norma europea, como la Directiva Europea del Agua, e interna, como el Real Decreto 907/2009, imponen una exigencia que además es importante, pues justifica una excepción a una regla general, y no la contempla en absoluto las Resoluciones administrativas, que no son de trámite, su ausencia determina la anulación de dichas Resoluciones.

Dicha anulación de las resoluciones impugnadas conduce, según la sentencia, a que el proyecto, es decir, el trámite final antes de la contratación de la obra, deberá cumplir lo previsto en la Directiva 2000/60/CE y RD 907/2009, artículos 4, 7 y 35 respectivamente, en cuanto a la explicación y justificación del interés público superior que permite la alteración de las masas de agua superficiales afectadas por la construcción del embalse de Biscarrués.