Cataluña pide la nulidad de la sentencia de los bienes de Sijena

La Generalitat de Cataluña, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y el Museo de Lérida han planteado ante el Tribunal Supremo incidentes de nulidad contra la sentencia del propio tribunal que rechazó los recursos contra la decisión de la Audiencia de Huesca de declarar nulas las ventas de 97 piezas del tesoro artístico del Monasterio de Sijena. Según ha explicado a Efe el letrado que defendió la causa en representación del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, los incidentes de nulidad presentados no sólo son idénticos en su contenido sino que los argumentos planteados insisten en cuestiones ya resueltas tanto por la Audiencia oscense como por el Supremo.

A juicio de este letrado, “estos incidentes de nulidad suponen en el fondo una machacona obsesión en contra de los propios magistrados del Tribunal Supremo por no haberles dado la razón, pues la Generalitat, el MNAC y el Museo de Lérida repiten exactamente lo mismo que ya dijeron al interponer sus recursos de casación”.

La sentencia, dictada a mediados del pasado mes de enero por el pleno del Tribunal Supremo, concluyó que las ventas eran nulas de pleno derecho, pero no forman parte de un monumento nacional “indivisible” sino que fueron concertadas por una orden religiosa que no era propietaria del inmueble.

En sus incidentes de nulidad, a los que ha tenido acceso Efe, las referidas instituciones catalanas alegan en primer lugar que no hubo deliberación de los magistrados de la Audiencia de Huesca al dictar sentencia, una cuestión que, según Español, ya resolvió el Supremo al asegurar que en dicha resolución, el ponente dice expresar “el parecer de la sala”.

Este letrado también considera como “cuestiones resueltas” la decisión de los tribunales de no estimar la competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en la causa, así como de apreciar la legitimación tanto del Gobierno aragonés como del Ayuntamiento de Sijena para actuar en defensa y protección de su patrimonio monumental.

Los incidentes también plantean la prescripción de la acción judicial, un asunto, comenta Español, no válido desde el momento en que se produjeron las supuestas ventas, así como la no reintegración del precio pagado, petición, subraya el letrado, que no fue admitida ni por la Audiencia de Huesca ni por el Supremo al no haberse presentado desde la parte catalana ningún documento acreditativo del pago.