RIBAGORZA - AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE ESQUÍ DE CERLER
Continúa la firma de actas de ocupación para ampliar Cerler
Propietarios suscribieron este jueves sus contratos en el Ayuntamiento de Montanuy
El Ayuntamiento de Montanuy albergó este jueves la firma de algunas de las actas de ocupación pendientes para formalizar la expropiación urgente de los terrenos que permitirán ampliar la estación de esquí de Cerler por Castanesa. Al no haber firmado todos los propietarios, la publicación en el Boletín Oficial de Aragón en los próximos días detallará el número de parcelas expropiadas sin haberse firmado el acta.
De la treintena de parcelas afectadas por la ampliación de la estación, la propiedad de la mitad de ellas habría firmado los contratos de mutuo acuerdo propuestos por Aramón el pasado año o, en su defecto, habría firmado el acta de ocupación en el Ayuntamiento, en el primer día propuesto para ello por el Gobierno de Aragón, que fue el pasado abril. El presidente de la Asociación Queremos Futuro para Castanesa, Javier Pellicer, fue uno de los que suscribió aquellos primeros contratos de 2020, aunque el jueves volvió a firmar, en este caso, en representación de otra persona.
“Esta vez vengo en representación de un familiar afectado. Estaban convocados los propietarios de la mitad de las parcelas que no han firmado, unos 15 ó 16, y hemos acudido unos 7, comentó”, aludiendo también a algunos que no habían recogido la notificación remitida personalmente, que serían unos cuatro propietarios. “Los que no han cogido la notificación no están de acuerdo, pero hay algunos que la recogieron y no han firmado porque discrepan con el justiprecio no del proyecto”, explicó Pellicer, quien quiso aclarar que se está pagando lo mismo a quienes firmaron el acuerdo previo que a quienes firman el acta. “La hectárea son 275 euros si es ocupación definitiva y 82 euros si es de servidumbre para todos igual porque el justiprecio está estipulado así. Los que están más en contra son los que ceden la propiedad”, apuntó Pellicer.
Varios colectivos ecologistas y algunos vecinos han presentado un contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el acuerdo del Gobierno de Aragón de declarar urgente la ocupación.
