El Ayuntamiento de Aínsa suspende las licencias para Viviendas de Uso Turístico

El municipio de Aínsa-Sobrarbe ha experimentado en los últimos 20 años un incremento en su censo demográfico del 41% hasta alcanzar los 2.355 habitantes. Hitos como pertenecer a la red de los Pueblos Más Bonitos de España, ser la Zona Zero de la Implantación del Turismo de Bicicleta de Montaña a nivel nacional o haber ejercido la capitalidad del Turismo Rural en nuestro país han ayudado, indudablemente, a convertir este territorio en un destino turístico consolidado.

Años de esfuerzo y trabajo a nivel municipal y comarcal han contribuido a desestacionalizar el turismo, logrando que los contratos de temporada que antes no se prolongaban más allá del verano superen actualmente los siete meses de duración. Esa transición ha llevado a muchas personas a tomar la decisión de vivir en el municipio, un hecho que ha incentivado la mejora de servicios y la llegada de profesionales de la educación, la sanidad, la banca o la seguridad ciudadana.

La positiva tendencia deja entrever, sin embargo, una carencia que urge subsanar: la falta de vivienda. A la escasa construcción desde la crisis del ladrillo se suma el significativo incremento de Viviendas de Uso Turístico (VUT), es decir, de aquellas residencias que sus propietarios ceden al turista con la finalidad de obtener un rendimiento económico superior al que lograrían alquilando por largas estancias. Ambas circunstancias han estrangulado la oferta de inmuebles en venta o en alquiler.

En lo que respecta a las VUT declaradas existen actualmente 32, representando el 16% de los establecimientos destinados a la pernoctación del visitante. En base a las estadísticas recogidas en los últimos años se estima que para 2022 sean ya 57, impidiendo que, por tanto, 57 familias residan en Aínsa-Sobrarbe el próximo año.

Consecuencias de la proliferación de las VUT y plan de actuación

Además de frenar la necesaria llegada de nuevos habitantes, imprescindibles para la sostenibilidad de los entornos rurales, hay otros efectos que han dejado de pasar desapercibidos. Los derivados del aumento de viajeros son evidentes: congestión, ruidos, incremento del coste de protección del entorno urbano y medioambiental y perjuicio en la habitabilidad de los edificios donde existen este tipo de alojamientos. Se observa incluso un impacto notable en el coste de la vivienda nueva o de segunda mano y en la subida del precio del alquiler.

Todas estas negativas consecuencias obligan a realizar un ejercicio de reflexión que desemboque en la regulación de las VUT por razón de imperioso interés general. Se trata, en primer lugar, de defender el derecho fundamental de acceso a la vivienda, y le siguen la necesidad de combatir tanto la subida del valor del suelo como la expulsión de población.

Los pueblos pueden ser fuente de soluciones a los problemas y no su causa. Por ese motivo, al amparo de las competencias que le otorgan las leyes vigentes, el ayuntamiento ha decidido paralizar durante un año la concesión de licencias para Viviendas de Uso Turístico. Durante este tiempo se estudiará la regulación de esta actividad para promover una ordenación que concilie el derecho a la vivienda y el destino de determinados inmuebles al alojamiento turístico.