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TRIBUNALES

El juicio contra la joven acusada de matar a ex novio en Broto comenzará el 27 de mayo

Daniela V.G. se enfrenta a una petición fiscal de 20 años de prisión por un presunto delito de asesinato con alevosía en febrero de 2020

Salida del Juzgado de Boltaña de la acusada, el 18 de febrero de 2020.
Salida del Juzgado de Boltaña de la acusada, el 18 de febrero de 2020.
VERÓNICA LACASA

La Audiencia Provincial de Huesca acogerá a partir del próximo 27 de mayo el juicio contra Daniela V.G., acusada de dar muerte a su ex novio a cuchilladas el 14 de febrero de 2020 en la casa en la que vivía la víctima en la localidad de Broto. La joven, en prisión provisional, se enfrenta una petición fiscal de 20 años de cárcel en un juicio que se prolongará los días 30 y 31 de mayo y continuará en junio (en días por determinar). Será un jurado popular quien la enjuiciará.

El Juzgado de Instrucción de Boltaña comunicó a las partes la apertura de juicio oral en diciembre de 2021 en un auto en el que destaca que de las distintas pruebas practicadas, sobre las 18:00 horas del 14 de febrero de 2020, la acusada mató a su exnovio en el domicilio de éste, “sin que tuviera capacidad de defensa y provocando de manera inmediata su muerte”.

Requiere, además, a la procesada el pago de una fianza de 184.396 euros para hacer frente al pago de las indemnizaciones solicitadas por las acusaciones para los padres y los dos hermanos de la víctima para el caso de una potencial condena por estos hechos.

Las acusaciones pública y particular se apoyan en las investigaciones realizadas para determinar que el desencadenante de la agresión fue el “ataque de furia” que le provocó a la presunta asesina la decisión de la víctima de poner fin a su relación.

El fiscal pide 20 años de prisión así como una orden de alejamiento a más de un kilómetro de los familiares de la víctima durante 10 años tras el cumplimiento de la condena y una indemnización de 184.300 euros.

Por su parte, la acusación particular solicita una condena de 25 años de prisión al entender que concurre una agravante de parentesco dada la relación de pareja de hecho que habían mantenido la acusada y la víctima. Solicita, además, una orden de alejamiento a más de 500 metros de los familiares de la víctima durante un periodo de 10 años y una indemnización de 239.000 euros.

El letrado de la defensa califica los hechos como un delito de lesiones en concurso con un homicidio por imprudencia en sus dos variantes, grave o menos grave, y alternativamente como un homicidio doloso.

En marzo de este año, la titular del Juzgado de Instrucción de Boltaña prorrogó la situación de prisión provisional de la acusada al haber cumplido ya el máximo legal de dos años previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su auto, la magistrada valora la petición de prórroga de la fiscalía y comparte sus criterios referidos al “elevado riesgo de fuga” de la acusada por la elevada pena a la que se enfrenta, 20 años de prisión por asesinato con alevosía, y la existencia de “bastantes indicios” que apuntan a una condena en esos términos.

La jueza advirtió, además, de que aunque la procesada adquirió la nacionalidad española, ha mantenido, según se desprende de la investigación, “lazos estrechos” con su país de origen, Colombia

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