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TRIBUNALES

La joven acusada de matar a su exnovio en Broto se enfrenta a 20 años de cárcel

El juicio comienza este lunes en la Audiencia de Huesca

Edificio de la Audiencia Provincial de Huesca
Edificio de la Audiencia Provincial de Huesca
Rafael Gobantes

Un jurado popular enjuiciará desde este lunes en la Audiencia de Huesca el caso de la joven acusada de matar a su expareja a cuchilladas en la localidad pirenaica de Broto, por el que se enfrenta a peticiones de 20 a 25 años de prisión como responsable de un presunto delito de asesinato con alevosía.

Según la Fiscalía, la acusada, Daniela V.G., que tiene ahora 24 años, el 14 de febrero de 2020 mató a su exnovio en el domicilio de este, "sin que tuviera capacidad de defensa y provocando de manera inmediata su muerte".

En su escrito de calificación de los hechos, el Ministerio Público se apoya en las pruebas testificales y periciales para determinar que el desencadenante de la agresión fue el "ataque de furia" que le provocó a la presunta asesina la decisión de la víctima, de 26 años, de poner fin a su relación.

El fiscal relata que antes de producirse el crimen, la mujer estuvo hablando con su expareja por teléfono durante más de veinte minutos, durante los cuales le trató de convencer de que reanudaran la relación.

La víctima, que había recibido ese mismo día la confirmación de que su pareja mantenía una segunda relación, rechazó esta posibilidad, por lo que la acusada, que había accedido al dúplex en el que vivía su novio con unas llaves que guardaba, cogió dos cuchillos de la cocina y, "furiosa" por la ruptura, rajó varias de sus prendas de vestir.

Según la acusación pública, el joven llegó poco después a su apartamento y fue atacado de manera "sorpresiva y repentina" por su expareja, que le asestó cuatro cuchilladas.

La acusada fue detenida un día después en la localidad de Yebra de Basa, a la que llegó en el coche de la víctima tras deambular sin rumbo por varias pistas y caminos de la comarca.

El fiscal solicita para la acusada por estos hechos una condena de 20 años de prisión, así como una orden de alejamiento a más de un kilómetro de los familiares de la víctima durante 10 años tras el cumplimiento de la condena, e indemnizaciones por un total de 184.300 euros.

Por su parte, la acusación particular, que ostenta el letrado oscense Marcos Francoy, solicita una condena de 25 años de prisión al entender que concurre una agravante de parentesco dada la relación de pareja de hecho que habían mantenido la acusada y la víctima.

Reclama, además, una orden de alejamiento a más de 500 metros de los familiares de la víctima durante un periodo de 10 años tras el cumplimiento de la condena, así como el pago de indemnizaciones por un total de 239.000 euros.

El letrado de la defensa, Mateo Ayala, califica los hechos como un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio por imprudencia en sus dos variantes, grave o menos grave, y alternativamente como un homicidio doloso, sin precisar el tiempo de condena a aplicar.

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