La Generalitat pide que se reduzca el plazo para decidir si se persona en el juicio por los bienes religiosos

BARBASTRO.- La Generalitat ha pedido al titular del Juzgado de Primera Instancia de Barbastro que reduzca el plazo de 10 días legales para decidir su personación como "parte afectada" en el juicio fijado para los próximos días 15 y 16 de mayo en Barbastro por la demanda civil del Obispado de Barbastro-Monzón para reclamar al Obispado de Lérida la devolución de 111 obras de arte que son propiedad de las parroquias aragonesas.

Hasta ahora, el juez ha aceptado la petición por escrito de la Generalitat de Cataluña pero no ha resuelto todavía su presencia como "parte demandada" como informó este periódico. Las partes afectadas tienen opciones de presentar alegaciones en este plazo, en concreto Obispado de Barbastro-Monzón, Gobierno de Aragón -parte coadyuvante- Consorcio del Museo y Obispado de Lérida.

Por otra parte, la Generalitat plantea al juez la posibilidad de que se celebre una reunión urgente previa para tomar decisiones ya que el plazo legal terminará después del juicio. El Obispado de Barbastro-Monzón ha trasladado por escrito su disconformidad, "pedimos que se respete la ley del enjuiciamiento civil y que se cumpla sin privilegios. La petición de la Generalitat va en contra de la ley y así lo alegamos dentro del plazo" manifestó el abogado Joaquín Guerrero.

En su opinión, "llegan tarde, mal y optan por juegos malabares primero para intentar que se suspenda el juicio y después para personarse como parte afectada con todos los derechos, algo que es imposible a estas alturas. Decir que no estaban informados de las fechas no se ajusta a la realidad de las actas del Consorcio del Museo cuyo abogado asistió a la audiencia previa celebrada el 29 de noviembre de 2018 y también el abogado del Obispado de Lérida, que forman parte del Consorcio".

El juicio ha despertado gran interés mediático, según informó Guerrero, quien insiste de forma reiterada en que "no es una guerra entre obispos sino la defensa de unos derechos". Los abogados del Obispado y del Gobierno de Aragón ya tienen preparadas las estrategias respectivas con informes de expertos, referencias informativas sobre el litigio, aspectos históricos, documentos y declaraciones de testigos, entre ellos el prelado Ángel Pérez y el obispo emérito Alfonso Milián, con quien los prelados Salinas (30 junio 2008) y Piris (27 octubre 2010) firmaron acuerdos.

Milián siempre recordó que "si fuera por Piris las obras ya estarían devueltas hace tiempo pero el Consorcio se lo impide por lo menos eso me dice" entre otras declaraciones de cierto peso específico durante los diez años que estuvo al frente de la Diócesis (2004-2014). En esa década trabajó con intensidad por esta causa aunque reconoció que "no me quita el sueño porque un obispo tiene que atender tareas pastorales más importantes".

Por su parte, la declaración del obispo Ángel Pérez cobrará especial importancia por su decisión de llevar la demanda por la vía civil tras agotar las posibilidades de llegar a acuerdos con Lérida después de "llamar a muchas puertas" como ha manifestado en muchas ocasiones. Ante la proximidad del juicio "por respeto a la autoridad judicial y al proceso" ha decidido no realizar declaraciones" según trasladó a medios informativos locales.

"DOCUMENTOS RELEVANTES"

Joaquín Guerrero señaló que "tenemos documentos relevantes" y hemos pedido la comparecencia de Salvador Giménez, Obispo de Lérida, aunque no sabemos si vendrá. Nadie se explica su decisión de reclamar la propiedad de 83 de 111 obras tras el acto de conciliación previa celebrado el 31 de octubre de 2017 donde el Obispado de Lérida reconoció la propiedad pero alegó impedimentos del Consorcio para entregarlas".

La procedencia es de 49 localidades de parroquias diocesanas afectadas por el Decreto de la Congregación para los Obispos, de 8 de septiembre de 2005. Se distribuyen entre pintura (29), orfebrería (15), metalistería (21), muebles (4), libros (3), carpintería (1), escultura (11) y textil (27). En la colección, 28 Bienes de Interés Cultural (BIC) y 89 Bienes Inventariados en el Patrimonio Cultural Aragonés.

Los orígenes del litigio entre diócesis vecinas se remontan al 7 de agosto de 1998 con el primer recurso que interpuso el Obispo de Lérida, Ramón Malla, contra el Decreto del Nuncio, ante la Congregación para los Obispos y el posterior contencioso administrativo ante el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, en noviembre de 1998.