Manuel Ollé: “Apoyamos los sistemas democráticos, pero que se dejen asesorar por expertos”

Retos y amenazas en la justicia penal internacional y los derechos humanos en la era de la globalización fue tema de la lección inaugural con motivo del acto de apertura del curso académico en el centro de la Uned. El abogado barbastrense Manuel Ollé es gran experto como profesor titular de Derecho Penal Internacional y Derecho Penal de la Universidad Complutense. Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, especializado en derechos humanos, analizó situaciones actuales en la entrevista con este periódico.

En clave nacional, sobre la controversia jurídica y política alrededor de la nueva legislación en torno al principio del “solo sí es sí” sobre la libertad sexual en España, “lamentablemente porque no debo criticar las leyes de mi país, me di cuenta enseguida que no hacía falta ser un experto para darse cuenta que esa ley, desgraciadamente, no iba a conseguir los objetivos que se proponía. No iba a conseguir que el violador, el agresor sexual, esté a buen recaudo y que desde luego caiga el peso de la ley”.

En este sentido, “desde el primer momento sabemos que la ley era más favorable, en determinados y concretos casos, que la legislación anterior, precisamente por esas famosas horquillas que todo el mundo sabemos del derecho penal, incluso los propios expertos. Por tanto, hay un principio que es irrenunciable en el ámbito del derecho penal que es la retroactividad de la ley penal más favorable”.

Ollé opina que “si el propio Estado ha decidido que cambie la ley para determinados supuestos no concretos y ha dicho que la anterior era severa creo que también el criterio jurídico se apoya en criterios de humanidad en la aplicación. Es un error absoluto por parte de quien lo redactó y lo que me duele como jurista es la prepotencia de todos aquellos compañeros próximos al partido político que propició esta reforma. Se advirtió, por activa y pasiva, por parte de técnicos que saben en materia, que esa ley no conseguiría los efectos deseados”.

En la misma línea, “creo que la política está muy bien y apoyamos los sistemas democráticos, pero, por favor, que se dejen asesorar por expertos, técnicos, catedráticos, profesores, grupos de política criminal, asociaciones de jueces, por el Consejo General del Poder Judicial. Cuando se modifica toda ley orgánica como esta, es preceptiva la solicitud para decidir el texto final”.

Respecto a la interpretación de los jueces cuestionada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, “este debate me parece absurdo, estéril, incluso pueril, irracional, sin sentido. El juez aplica la ley de acuerdo a los criterios de interpretación que establecen tanto el código civil, el penal y la dogmática penal. Dudo mucho que se hayan equivocado. ¿Por qué no reconocemos el error y nos ponemos, yo el primero a trabajar en una modificación, en una ley correcta que verdaderamente persiga los fines de política criminal que todos queremos y deseamos?”.

En cuanto a la reforma de sedición, “es evidente que es la que es y la que tenemos en el Código Penal, me parece absurdo el debate comparativo con el resto de la Unión Europea. Creo que debe modificarse desde hace mucho tiempo y adecuarla a los avances y a las formas. Es probable que hace diez años hubiera pasado desapercibida, ahora lleva el componente político y se ha originado el debate. En mi opinión, no se justifica técnicamente. Es evidente que se pueden establecer diferentes tipos penales que contemplen supuestos determinados”.

“Una Corte Penal Internacional, limitada”

Se refirió a retos y amenazas en términos de “tener una justicia penal internacional eficaz. La Comunidad Internacional dispone de mecanismos necesarios para que los derechos humanos se respeten en todos los países del mundo. En segundo lugar, para que los promocione, la gente pueda desarrollarlos y sobre todo, sean garantes, se desarrollen y disfruten por parte de los ciudadanos”.

Sin embargo, “el problema que tenemos es cuando se violan y se cometen crímenes internacionales, genocidios, crímenes de agresión, de guerra de lesa humanidad, desapariciones de personas y la comunidad internacional no reacciona. La experiencia demuestra y es lamentable que donde se producen esos hechos son los primeros que deben utilizar todos los medios para poner a los autores a disposición de la Justicia, pero no lo hacen”.

En la misma línea, “tenemos una Corte Penal Internacional cuya vocación es la universalidad para que esos crímenes cometidos se juzguen y además, con los efectos preventivos que tienen. Si se juzgan se frenarán futuros crímenes, pero en estos momentos, no es así. Hoy no podemos decir que la Corte Penal Internacional tenga la eficacia que gustaría a todos, que tuviera jurisdicción real universal y enjuicie a todos países del mundo. No solo a los africanos, también a los dirigentes de Estados Unidos, España, Rusia, China, Israel. En especial y también, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No podemos tener una Justicia Penal Internacional que esté limitada, por parte de Estados Unidos, principalmente, en países que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Respecto a la posibilidad de enjuiciar a Vladimir Putin, presidente de Rusia, “ojalá me equivoque, pero lo veo materialmente imposible. Otras decisiones sin resolver, es como cooperan los Estados con la Corte Penal Internacional. Por desgracia, creo que cualquier solicitud de extradición que pida Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, no prosperará, ni siquiera pasará de la frontera de Rusia. No harán absolutamente nada porque con el sistema actual es impensable”.