Con el debate entre peritos de la acusación y la defensa sobre el valor de las fincas agrarias en la comarca del Somontano ha finalizado este viernes en la Audiencia Provincial de Huesca (APH) la penúltima sesión de las seis programadas en las que cinco personas y otras cinco empresas de la misma comarca son enjuiciadas como presuntos autores de estafa y alzamiento de bienes, con la petición de penas de hasta 11 años de prisión que reclaman las acusaciones.

Los dos letrados de la acusación particular y Fiscalía y los siete encargados de la defensa han acordado con el magistrado que las conclusiones se expondrán en la misma Audiencia Provincial el próximo 20 de julio antes de que este caso quede visto para sentencia.

El eje del debate entre peritos de las acusaciones y defensas ha estribado en conocer si la venta de las fincas agrarias había sido normal en el mercado por el precio que se fijó desde el inicio o si realmente se trataba de un precio simulado o si era muy inferior al valor real además de conocer si la empresa que vendía sus tierras se quedaba sin patrimonio por lo que carecía de ingresos y los querellantes que tenían embargadas sus acciones veían que su patrimonio valorado en cinco millones de euros se había quedado reducido a cero.

El origen de este procedimiento judicial deriva de una compraventa de una bodega en Cariñena por 12,3 millones de euros, de los cuales se cobró una cifra inferior al diez por ciento desde el año 2014. 

Las condenas en diversas sentencias ascienden a un importe total de 18,5 millones de euros, incluyendo intereses y costes. Con la averiguación patrimonial de las condenas civiles, se identifica que los presuntos autores de la compraventa pertenecen a una empresa de la comarca del Somontano. 

Y por otro lado, otra empresa del Somontano figuraba como propietaria tasada por los peritos este viernes en una finca tasada 5 millones de euros y una primera finca tasada por vía judicial en 2 millones de euros. Con ello se han descapitalizado todas las sociedades que poseían y a partir de allí los querellantes no han cobrado de los 12,3 millones. La bodega de Cariñena, que figura como querellante, se ha quedado en ruina y tiene embargadas todas sus propiedades, tasas, vehículos y salarios por un conglomerado de cinco empresas de sociedades del Somontano.

Además queda pendiente el procedimiento de lo penal que instruye el Juzgado de Instrucción Número 4 de Barcelona sobre la cuestión de la finca de Cariñena, entre las que figuran dos de los acusados en este proceso además de una tercera sociedad que figuraba como accionista mayoritario único.

La estafa se produce cuando una de los acusados actúa de intermediario, al que los querellantes le suscriben un contrato de encargo para que se dedique a cobrar, se pone en contacto con los denunciados y llega a un acuerdo con ellos, al cobrar un euro a uno y 100.000 euros al otro. La estafa se convierte en agravada porque la persona que compra los créditos de la empresa del Somontano presenta un procedimiento para reclamar 100.000 euros lo que valía 12,3 millones de euros.

Y el alzamiento de bienes se produce al desaparecer todos los bienes de la sociedades mercantiles que se encuentran implicadas en este proceso judicial. Unos bienes que corresponden a maquinarias, vehículos, plantaciones, instalaciones de una bodega embotelladora, barricas, que no son declarados. La compra empieza en Cariñena y desaparece, y la venden a una tercera persona que se encuentra procesada. Y los bienes que ellos tenían en propiedad cuando se decreta el embargo de las dos sociedades del Somontano empiezan a venderse de forma que supone el desmantelamiento entero de una bodega y en otro caso, la venta de las fincas a mitad de su precio.