Huesca

EJÉRCITO

Defensa invierte casi 2 millones en reformar las viviendas del cuartel

Las obras afectan a los inmuebles situados dentro del acuartelamiento militar y zonas comunes

Defensa invierte casi 2 millones en reformar las viviendas del cuartel
Defensa invierte casi 2 millones en reformar las viviendas del cuartel

HUESCA.- El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), dependiente del Ministerio de Defensa, ha sacado a licitación por casi 2 millones de euros (1.879.930,32) las obras de reforma de las viviendas de los edificios situados dentro del Acuartelamiento Sancho Ramírez. Los trabajos que está previsto se prolonguen durante un año.

Se trata de una de las inversiones importantes que forman parte de la planificación para la acogida de los 700 militares que conformarán el Cuartel General de la División Castillejos, que comenzarán a llegar en el segundo semestre del 2020.

Desde mediados del pasado año, ya se han invertido más de 5,5 millones de euros en la reapertura y adecuación de las instalaciones castrenses.

Esta docena de viviendas, situadas en los números 10, 12, 14 y 16 de la calle División 52 fueron construidas a mediados del siglo pasado, y aunque se encuentran en buen estado de conservación, presentan problemas de humedades por capilaridad en las plantas bajas que afectan a los portales de las viviendas.

Uno de los primeros inmuebles se compone de tres plantas: la baja y primera destinadas a oficinas (tienen un acceso independiente y no son objeto de este proyecto), y la segunda destinadas a uso residencial.

Los otros dos están destinados íntegramente a alojamientos y cuentan con un acceso único propio situado en la fachada principal desde la vía pública.

El proyecto tiene por objeto la rehabilitación de las zonas comunes y las viviendas, modificando su distribución interior y renovando todas sus instalaciones. Además, el proyecto contempla la dotación de plataformas elevadoras verticales accesibles en los huecos de las escaleras y la supresión de las barreras arquitectónicas existentes en los accesos desde la vía pública.

El diseño plantea una distribución de espacios que dé respuesta a las necesidades y usos actuales. De hecho, algunas de las viviendas están dotadas de un despacho con acceso independiente desde las zonas comunes para que la atención de la visitas no afecte a su privacidad.

RESIDENCIA LOGÍSTICA

Por otro lado, Defensa ha adjudicado los trabajos para la reapertura de la residencia logística ubicada en el paseo Ramón y Cajal, con una treintena de habitaciones. Está previsto destinar para ello 136.000 euros, que permitirán adecuar las instalaciones para dejarla apta para continuar con su uso.

Eso incluye la renovación de la instalación eléctrica o la carpintería, colocación de un sistema antiincendios y revisión del resto de sistemas, además del acondicionamiento de la entrada principal.

ALTO ARAGÓN EN COMÚN INSISTE EN LA REVERSIÓN DE LOS TERRENOS

Alto Aragón en Común ha presentado una solicitud de revisión y en su caso de anulación, del Decreto de Alcaldía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 21 de diciembre, que resuelve el acuerdo del pleno municipal que cedió con carácter indefinido terrenos al Ministerio de Defensa para la ampliación del Cuartel Sancho Ramírez.

El Decreto, en período de exposición pública, determina que las fincas de titularidad municipal y las adquiridas a particulares con el mismo fin, pasarán a ser propiedad de Defensa, lo que contraviene el plazo legal de 30 años de cesión en uso.

Los representantes de Alto Aragón en Común insisten en que la pérdida del patrimonio municipal que supone el traspaso gratuito e irreversible de los terrenos "no tiene justificación legal".

Esta plataforma constata que las leyes vigentes en materia de patrimonio de las Administraciones Públicas determinan un plazo de cesión de 30 años, "no teniendo justificación la renuncia que hace el Ayuntamiento de bienes que -consideran- tienen como destino principal atender las necesidades de la población oscense".

Y recuerdan la obligatoriedad de incorporar al expediente municipal un "dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no son precisos para la ejecución de planes o proyectos aprobados o en trámite ni es previsible que sean necesarios para la entidad local".

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