Preocupación en el transporte por la falta de conductores en la provincia de Huesca

HUESCA.- Las entidades empresariales del transporte celebraron este viernes sus asambleas para dar cuenta de 2018, un año positivo en términos económicos y de actividad, y estudiar los retos actuales y futuros, como la aprobación del reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), una norma que ha tardado seis años en implantarse en España desde su aprobación en Europa y que ahora la UE ya está modificando.

La Federación de Transportes por Carretera, presidida por Luis Laporta, y la Asociación de Transporte de Mercancías por Carretera, que revalidó en el cargo a Fernando Callizo, hicieron un buen balance del 2018.

Ambos presidentes indicaron a este diario que el año pasado fue positivo, con incrementos del 4,6 por ciento en las toneladas transportadas y del 2,6 en el número de viajeros.

"Las cifras están cerca de los años antes de la crisis y se ve movimiento", resumió Laporta.

Callizo matizó que, sin embargo, las empresas no logran repercutir en el precio de venta la subida de los combustibles y otros costes, por lo que "el incremento de la rentabilidad no es proporcional al de la actividad".

En la actualidad, el sector afronta nuevos retos, como la ley ROTT, una de cuyas principales novedades es eliminar el concepto de flota mínima para acceder a la profesión. "Las asociaciones siempre habíamos luchado para que hubiera una flota mínima", lamentó Laporta, mientras que Callizo apuntó que la obligatoriedad de contar con un gestor de transporte supone "algún problema" a las empresas más pequeñas.

El sector también padece la falta de conductores, que es "el problema más acuciante". "Es muy difícil encontrarlos, antes se podía pagar más pero ahora no es un aliciente como antes", admitió Laporta, a lo que Callizo agregó las nuevas exigencias obligatorias, como el CAP (Certificado de Aptitud Profesional) o el carnet de mercancías peligrosas ADR, y la formación continua que requiere.

A nivel más general, otras preocupaciones del sector son el nuevo salario mínimo, el registro de la jornada laboral -especialmente en un sector con tantos trabajadores "móviles", resaltó Callizo-, la incertidumbre política o las políticas de transición energética y la posible "fiscalidad verde", "muy negativa" para el sector.