Sigue adelante el recurso ante el Constitucional por el caso del zorro maltratado

HUESCA.- La Asociación Nacional de Animales con Derechos y Libertades (Anadel) ha incorporado en su recurso ante el Tribunal Constitucional una reciente sentencia en la que un Juzgado de lo Penal de Barcelona condenaba a una persona que maltrató a un zorro. Según explicó el abogado de Anadel, Jorge Piedrafita, la entidad animalista busca al añadir esta sentencia a la documentación presentada que el TC impugne el archivo que los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial ordenaron del maltrato hasta la muerte que un cazador profirió a un zorro a finales del año pasado.

Piedrafita expuso que el juzgado barcelonés "ha condenado por maltrato intencionado e injustificado a un zorro causándole un enorme sufrimiento, sin hacer distinción entre animal doméstico o salvaje, sino valorando que el animal estuviera bajo control humano del acusado".

Cabe recordar que los tribunales oscenses han ordenado el archivo de la causa argumentando que el maltrato animal sólo está tipificado como delito si se comete contra un animal doméstico, descartando que el zorro lo sea.

Según el letrado que representa a Anadel, "esta es la interpretación correcta del artículo 337 del Código Penal que castiga el maltrato animal". La acusación "seguirá trabajando para que el Alto Tribunal unifique el criterio a este respecto, así como que se haga la necesaria modificación legislativa para clarificar el tipo penal y que no quede ningún espacio para la impunidad".

Por parte de la defensa, el abogado Alejandro Giménez reclamará nuevamente, esta vez ante el Constitucional, la libre absolución de su cliente. Explicó el letrado que en el momento de los hechos "el delito de maltrato a animales salvajes no estaba tipificado" y aclaró que, aunque haya una modificación del tipo en trámite, la misma no tendría efectos retroactivos.

La defensa todavía no ha podido exponer su planteamiento ante el Constitucional porque el recurso de Anadel no ha superado el segundo filtro de admisión -en el que se debe indicar el interés casacional objetivo-, algo que Giménez considera que "será muy complicado" que ocurra.

Sí está en marcha la sanción administrativa que retomó la DGA una vez que la Audiencia Provincial ordenó el archivo de la causa. Ahora, al reabrirse judicialmente el caso en el Constitucional, la defensa pedirá que se suspenda el procedimiento administrativo hasta que la vía penal esté zanjada.