Huesca

BALANCE DEL AÑO DE LOS AGENTES SOCIALES

La subida del salario mínimo hasta los 900 euros y el registro horario marcan 2019

La patronal cuestiona las medidas por sus efectos en las empresas y los sindicatos las aplauden y piden ir más allá

El registro horario avanza en las empresas y persisten las dudas
El registro horario avanza en las empresas y persisten las dudas
EFE

HUESCA.- La subida del salario mínimo hasta los 900 euros y la obligación de registrar la jornada laboral han sido dos de las cuestiones más importantes en el plano económico y laboral del año que acaba de terminar. El nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) ha tenido su impacto también en la negociación colectiva con convenios sin firmar por unas posturas muy alejadas entre patronal y sindicato sobre cómo se debe aplicar. Conchita Giménez, secretaria general de CCOO Huesca, explica que "algunos convenios, casualmente los más precarios, están pendientes de publicación y, además, no han sido firmados por todas las partes, como son el convenio agropecuario y el de limpieza de edificios y locales".

También se pronuncia sobre esta cuestión el presidente de Ceos-Cepyme, Fernando Luna, quien señala que ha habido "problemas de implantación" del nuevo salario mínimo en "determinados sectores especialmente sensibles". Esas dificultades a las que alude Luna han hecho que "algunos de los convenios tengan eficacia limitada al no firmar todas las partes implicadas por diferencia de criterios".

Al igual que la dirigente de Comisiones Obreras, Carlos Villacampa, secretario territorial de UGT Huesca, señala que las mayores complicaciones se han dado en convenios como el de limpieza, en el que "la patronal se enrocaba". De hecho, de las dos asociaciones empresariales que negociaban ese convenio, una firmó y la otra no.

Para Villacampa, "lo más significativo" de este 2019 ha sido subir el salario mínimo de 735,90 euros a 900, pero los sindicatos han tenido que "pelear muy duramente" para que ese incremento "no se viera absorbido por otros conceptos", como planteaba la patronal.

Aunque la subida ha sido de un 22 por ciento, este sueldo sigue estando muy por debajo de lo que la Carta Social Europea establece, que es un 60 por ciento del salario medio de cada país, lo que en España equivaldría a un SMI de unos 1.100 euros.

"El salario mínimo interprofesional debe sufrir los incrementos razonables en cada momento y para ello es necesario y preceptivo legalmente recurrir al diálogo social" entre sindicatos y organizaciones empresariales, contrapone el presidente de Ceos-Cepyme. Luna añade que "de no ser así, se aumenta desmedidamente la economía sumergida y se perjudica a los sectores de la sociedad más desfavorecidos".

La postura de Ceos está en las antípodas de la de UGT y CCOO. Mientras Villacampa pide nuevas subidas del salario mínimo -eso sí, en mesa de negociación entre sindicatos y patronal para "no tirar ese capital de responsabilidad a la basura"-, Giménez recuerda que en el cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC, de ámbito nacional) la recuperación de los salarios era uno de los objetivos y se marcaba como meta concreta "alcanzar en 2020 un salario mínimo de convenios de 1.400 euros".

En cuanto al salario mínimo actual y su implantación, Giménez, al igual que Villacampa, reconoce que ha habido "dificultades" aunque se trate de una medida "beneficiosa para ambas partes: para las empresas para competir con las mismas condiciones y para la clase trabajadora, por mejores condiciones salariales".

CCOO cifra en 1,2 millones de trabajadores los beneficiados por esta medida en toda España, pero sostiene que el número "debería haber sido mayor porque se han dado muchas reticencias y mala praxis por parte de algunas empresas para aplicar esta subida, sobre todo al principio". Giménez también resalta que el incremento salarial medio en la provincia "no alcanza el 2 por ciento", quedándose en el 1,87, y argumenta que "la mejora de los salarios es necesaria para la demanda de bienes y servicios, que a su vez repercute en más empleos".

Y desde la Cámara de Comercio, su presidente, Manuel Rodríguez Chesa, apunta que las empresas no podrán soportar esta subida sin repercutirlo en sus servicios: "Van a subir los costes de cualquier servicio porque va a ser muy difícil que nadie pueda asumir" este incremento del salario mínimo. También resalta que la mayoría de empresas están incluidas en los convenios sectoriales "en los que se actualiza periódicamente" el sueldo por encima de esos 900 euros al mes. A juicio del presidente de la Cámara, las instituciones tendrían que "incidir en donde se sabe que no se cumple".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Más allá de la aplicación del SMI, la negociación colectiva en la provincia ha sido "fluida", según expresa el presidente de Ceos-Cepyme.

A lo largo de 2019 se han firmado convenios "con un importante volumen" de trabajadores afectados, destacan Villacampa y Giménez. Esos sectores son, por ejemplo, comercio, panadería, oficinas y despachos, siderometalurgia, pastelería, vinícolas, derivados del cemento, construcción, madera o industria. En el debe Villacampa emplaza el convenio de hostelería "que sigue paralizado porque la patronal se enroca en su postura".

"EL TOPE DE LAS HORAS EXTRA", EL PROBLEMA AL QUE SE ESTÁN ADAPTANDO LAS EMPRESAS Y LOS CONVENIOS COLECTIVOS

La obligatoriedad de fichar, el registro horario, ha sido la otra novedad que más destacan sindicatos y organizaciones empresariales de este 2019. Para Fernando Luna, el problema no es el registro, al que se están adaptando las empresas y los convenios colectivos, sino "el tope de las horas extra". El presidente de Ceos recuerda que en España está fijado en las 80 al año, pero que en otros países de nuestro entorno esa cifra es mayor. Por tanto, plantea que ese tope se pueda incrementar "mediante el diálogo social" y "recordando siempre que la realización de horas extra es voluntaria, siempre por acuerdo entre empresa y trabajadores".

En opinión de Luna, con esta posibilidad de ampliar el número de horas extra mediante acuerdo "se podría prestar el servicio adecuado especialmente en zonas despobladas por la ausencia de mano de obra con la necesaria cualificación".

"Las empresas han protestado mucho pero ha dado seguridad y estabilidad a muchas personas, y evita el fraude", opina sin embargo el secretario territorial de UGT. Carlos Villacampa diferencia, no obstante, entre las empresas en las que "tradicionalmente" ha habido unas "buenas" relaciones laborales, y las empresas "que van denuncia tras denuncia y que son unas cuantas". También Giménez apunta que el registro permite detectar y "poner freno" a las empresas que incumplen la ley. Aunque ya existía la obligación de tener un control de las horas extra, sin esta herramienta "era difícil" llevarlo a cabo y que los trabajadores pudieran demostrar que habían hecho horas extra.

Pero el registro horario también permite "ejercer un mayor control en las contrataciones parciales", para las que también antes debía registrarse el número de horas. Pero "en algunos casos no se cumplía y podían encubrirse jornadas de trabajo de un número de horas superiores al del contrato". Al respecto, la secretaria general de CCOO añade que esta medida ha generado un conflicto en sectores como los del campo "por la posición de la patronal de cómo realizar el cálculo del precio de la hora".

La opinión de la Cámara de Comercio del registro horario es que, contrariamente a lo que sostienen los sindicatos, "no va a generar ningún incremento de plantilla, solo una desatención en los servicios". Como con el salario mínimo, Rodríguez Chesa pide que se actúe contra las empresas que no cumplen -"todos conocemos donde se hacen horas de más"- y señala que la medida es "complicadísima" para empresas de servicios, transportistas u hostelería. Además, concluye sobre este apartado que "puede mover a mentir, con declaraciones (de las horas trabajadas) por whatsapp o móvil imposibles de controlar". Otros aspectos de este año que destacan son la reciente sentencia de la UE sobre los interinos y "la avalancha" posterior de oposiciones para acabar la "ilegalidad". Villacampa apunta que eso es positivo para el empleo pero negativo para "los interinos que llevaban 20 años en su plaza y que ahora deben aprobar una oposición con 50 años o más".

Por parte de CCOO, Giménez pone el acento en el aval que los tribunales españoles han dado al despido por absentismo, "uno de los aspectos especialmente lesivos para los derechos de los trabajadores, ya que condiciona el derecho a la salud".

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