Huesca

SUCESO

Dos condenados por agredir a policías en Huesca entrarán en prisión

Revocan la suspensión de la pena al no haber "voluntad real" de pagar las multas

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S.E.

HUESCA.- Dos condenados a año y medio de cárcel por agredir a varios agentes de la Policía Nacional en el tubo en 2015 entrarán en prisión finalmente después de que el juez haya revocado la suspensión de la pena.

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 ha accedido a las peticiones del abogado de uno de los varios policías agredidos, Jorge Piedrafita, y de la Fiscalía.

A comienzos del año pasado, el fiscal y las acusaciones particulares llegaron a un acuerdo con las defensas para rebajar de tres años y medio a año y medio de cárcel las condenas a cada uno de los seis acusados, de origen colombiano, de haber agredido a varios agentes de la Policía Nacional la madrugada del 9 al 10 de mayo de 2015 en la plaza Alfonso el Batallador.

El acuerdo incluía el pago de diversas cuantías por las lesiones y en concepto de responsabilidad civil. Pero en al menos dos casos, los condenados no han hecho ningún ingreso desde el acuerdo, alcanzado hace poco más de un año.

Por este motivo, el abogado de uno de los agentes agredidos y la Fiscalía solicitaron al juez el ingreso en prisión de esos dos condenados.

En sendos autos datados este lunes, el juez considera que, "transcurrido un año desde aquella notificación, no se ha efectuado ningún ingreso, por pequeño que fuera". Además, concluye que "el compromiso de pago realizado por los penados no era sino una maniobra para evitar la suspensión de la pena de prisión, de modo que nunca ha habido una voluntad real de pago". Por tanto, el magistrado revoca la suspensión de la pena de cárcel, teniendo en cuenta que ninguno de los dos ha acreditado ni la situación de paro ni las circunstancias familiares que alegan.

El abogado del policía agredido, Jorge Piedrafita, manifestó su satisfacción por haber logrado "desactivar cualquier maniobra de elusión del cumplimiento de la pena de prisión y el resto de las obligaciones impuestas por el juez". Aseguró que se trataba de "una estrategia que buscaba una impunidad práctica de unos delitos graves"l

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