Huesca

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

El Colegio de Abogados de Huesca rechaza las medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia

Considera que el Real Decreto ley 16/2020 de 28 de abril debería haberse adoptado con el apoyo y consenso de toda la Abogacía española

El Colegio de Abogados de Huesca rechaza las medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia
El Colegio de Abogados de Huesca rechaza las medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia
R.G.

HUESCA.- El Colegio de Abogados de Huesca ha remitido un comunicado conjunto con sus homólogos de Zaragoza y Teruel en defensa de los intereses de la profesión y de los usuarios de los servicios propios de la Abogacía, en el que expresa "su rotundo rechazo al Real Decreto Ley (RDL)16/2020 de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia", las cuales, agregan, "deberían haberse adoptado con el apoyo y consenso de toda la Abogacía española".

Ángel García Bernués, el decano oscense, en declaraciones a este periódico, manifiesta su "disconformidad" con muchos de los temas que contiene la citada ley "y sobre todo con la habilitación del mes de agosto". Argumenta que "las medidas que se han propuesto van a resultar ineficaces" y ante esta situación considera que "es necesario aportar los medios".

Por ello ve prioritario "habilitar los edificios públicos para que pueda haber ya actuaciones judiciales con presencia de personas, porque, -reseña- ahora mismo estamos como estamos" y también reclama "la posibilidad de que se habiliten medios tecnológicos para videoconferencias".

E insiste en el hecho de que "de momento no los hay" al tiempo que considera primordial contar con buenas conexiones y que además sean seguras, y explica si propia situación, "por ejemplo yo en Sabiñánigo no tengo una buena conexión y eso me impide poder mantener una buena conversación por vía telemática".

Además, asevera, "la reanudación de la actividad judicial exige un sobre esfuerzo motivado por la propia suspensión" para lo cual sería necesario "reforzar los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia".

También sale en defensa de los despachos de abogados que en este tiempo han seguido trabajando pero, "no han podido reactivar sus economías profesionales por razón de la suspensión de plazos, que ha impedido que los asuntos hayan ido finalizando y sean económicamente liquidables".

Por otro lado, respecto a la habilitación del mes de agosto, no critica que se trabaje pero considera que "si los jueces y funcionarios van a estar de fiesta no hemos hecho nada", un aspecto que recoge el comunicado. "Sin menoscabo del merecido descanso vacacional de los actores de la justicia (funcionarios, Jueces, Letrados de la Administración de Justicia) que las irán disfrutando, como hasta ahora, de forma escalonada, entre los meses de Julio y septiembre pero los que no podrán descansar en tal situación serán los Letrados y Procuradores, fundamentalmente los de los pequeños despachos, que deberán intervenir sin solución de continuidad durante el mes de agosto, por cuanto, de una u otra forma, la Administración de Justicia también seguirá en análogo pleno funcionamiento".

Ángel García remarca que "no es que estemos en contra de la medida" porque, apostilla, "la situación es excepcional" pero si se rechaza el actual planteamiento y concluye "nosotros no vamos al juzgado para defender nuestros intereses, vamos a defender los de otras personas que también tendrán que estar el mes de agosto disponibles e incluso tener que cambiar planes".

"En consecuencia, agosto debe ser inhábil como de costumbre; y dada la especial situación que se vive, julio y septiembre deben ser meses de plena actividad ordinaria en la Administración de Justicia, arbitrando los oportunos medios de refuerzo que permitan que los turnos de vacaciones de dicha Administración no supongan un relajamiento en la actividad de la misma", determinan los tres decanos.

En el comunicado manifiestan que en el RDL "tampoco queda incluida en dicha norma una exposición realista y detallada de la forma en la que se van a reanudar los procedimientos judiciales actualmente suspendidos, y los nuevos procedimientos que se tramiten una vez se levante la suspensión".

Un argumento sobre el que remachan: "Decretar hábil agosto no va a solucionar los problemas de colapso de la Administración de Justicia que sí solucionarían en toda la medida posible un inmediato levantamiento de la suspensión de los procedimientos".

Los tres colegios reclaman que "debe procederse de inmediato al levantamiento de la suspensión de los plazos correspondientes a todo procedimiento judicial, cuestión que no se contempla en estos términos en el RDL citado".

En el texto remitido consideran que: "Mantener la suspensión contribuirá a generar un colapso sin precedentes en Justicia que agravará todavía más la situación de parálisis económica, tanto de los despachos profesionales como de las persona físicas, empresas y demás entidades que precisan la resolución de los juicios iniciados antes del estado de alarma o la iniciación de procedimientos judiciales en defensa de sus intereses particulares y económicos.

Y ven igualmente necesario que, "en toda la mayor medida posible, se señalen vistas presenciales que cuenten con las medidas de seguridad suficiente (a puerta cerrada con mascarillas y guantes, uso de protectores de micrófonos, limpieza de mesas y micros después de cada uso mediante contratación de un servicio especializado y demás medidas que establezcan los correspondientes servicios de prevención)".

Finalmente el decano ha querido reconocer el trabajo de sus compañeros en este periodo, "este Colegio quiere manifestar el reconocimiento a todos los profesionales de la Abogacía que, desde el inicio del estado de alarma, han prestado el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Por razón de su intervención, profesionalidad, espíritu de sacrificio y coraje".

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