El Ayuntamiento vuelve a reclamar el grado completo de Medicina en Huesca

HUESCA.- El pleno del Ayuntamiento acordó este martes por unanimidad solicitar a la Universidad y al Gobierno de Aragón que se imparta en el Campus de Huesca el grado completo de Medicina. En la actualidad, en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte se imparten los dos primeros cursos de una titulación de seis años. Los alumnos que inician la carrera en la capital oscense deben pasar en tercero a otras facultades.

La resolución incluye también solicitar tanto a la Corporación docente como al Ejecutivo autonómico que establezcan el presupuesto correspondiente para materializar la decisión. Además, se pide al Patronato del Estudio General que incluya la titulación completa en el Plan Estratégico del Campus. La propuesta partía del grupo del Partido Popular y fue aceptada por los demás grupos municipales.

Hay que recordar que en origen, el Colegio Universitario impartió los tres primeros cursos de Medicina, el antiguo primer ciclo. Sin embargo, en 2011 se perdió tercero en el proceso de aplicación del sistema de grados impuesto por el espacio europeo común de estudios superiores, el conocido como Plan Bolonia.

A partir de 2008, cuando se conoció que la Universidad descartaba el grado de Medicina en Huesca, las instituciones oscenses, agentes sociales y económicos y los estudiantes de aquel entonces se movilizaron para reclamar que en Huesca se impartiera el grado completo. Y ya en 2011, el Consistorio aprobó una moción institucional con este objetivo.

La resolución aprobada este martes se inscribe en un contexto distinto: por un lado, cuenta con la declaración del Hospital San Jorge como universitario, decisión que amplía la capacidad docente del centro sanitario y mejora la capacidad de dotación de profesorado para el Campus así como la potenciación de la carrera docente e investigadora de los médicos.

Y también en una situación como la pandemia. La propuesta argumenta en este sentido que el documento de medidas urgentes para afrontar la crisis sanitaria del Gobierno de Aragón menciona precisamente la necesidad de realizar un estudio de oferta y demanda de profesionales sanitarios.

Por otra parte, la Corporación confirmó, y lo hizo sin votos en contra, la decisión de desistir del proceso de contratación de una empresa privada para realizar el servicio de limpieza viaria. El acuerdo supone que se prorrogará por seis meses la encomienda de gestión a la empresa de capital público Grhusa, a través del Consorcio de la Agrupación 1 de Residuos Sólidos Urbanos. En este periodo se preparará una definitiva encomienda e esta misma empresa.

Votaron a favor de la decisión los grupos socialista, de Ciudadanos, Con Huesca y Vox. Los portavoces de estos partidos coincidieron en señalar que la decisión permite poner fin a un proceso judicial abierto hace tres años y dar una solución definitiva al servicio. Valoraron todos ellos que la encomienda permitirá una prestación eficaz, menos costosa que una privatización y con salarios dignos para los trabajadores. Se referían en este punto a la situación vivida por los empleados del servicio cuando la contratista de 2013, FCC, estableció salarios de 600 euros por ocho horas de trabajo.

Si bien el PP se abstuvo, insistió en su argumento de que la decisión de proceder a la encomienda de gestión supone clientelismo político porque tiene como objetivo mantener en Grhusa la plantilla que trabajó para FCC, un compromiso con estos trabajadores del tripartito de gobierno del pasado mandato compuesto por PSOE, Con Huesca y Aragón sí Puede, argumentaron los populares.

Este grupo había planteado previamente una enmienda al acuerdo para incluir que Grhusa quedara obligada a seleccionar el personal del servicio mediante los criterios que rigen para el acceso al empleo público: publicidad, igualdad, mérito y capacidad. La propuesta fue rechazada por los demás grupos. En este caso, Vox y Ciudadanos votaron en contra alegando que la propuesta debería haberse llevado previamente a la comisión correspondiente.

Entre otros acuerdos procedentes de propuestas de resolución, el pleno aprobó también la elaboración de una plan contra la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad. La propuesta partía de Ciudadanos y fue apoyada por Partido Popular y Vox.

Estos partidos argumentaron que existe un problema que genera inquietud entre los ciudadanos al que hay que dar respuesta desde el ámbito local.

Los grupos de las izquierdas advirtieron de que sus oponentes políticos tratan de exagerar el problema, creando miedo interesadamente (Con Huesca) o confundiendo usurpación de propiedad con allanamiento de morada (PSOE). Este grupo subrayó que el Gobierno va a afrontar el problema y que el derecho a la propiedad -protegido por la ley- debe hacerse compatible con el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables.

Cs les pidió no entrar en demagogia ante un "problema serio" tras advertir a Con Huesca y PSOE que confunden "personas vulnerables con derecho a la vivienda, que nadie niega, con legitimar un derecho". Ciudadanos asegura que "empatiza con la víctima, que se ve usurpado de su legítima posesión".