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“Derribar una tercera parte no es regenerar” el Seminario de Huesca

La Plataforma critica el proyecto de DPH, UZ y Ayuntamiento, y estudia impugnarlo y pedir la intervención de Europa

Seminario de Huesca edificio
Seminario de Huesca
Pablo Segura

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio denuncia que el proyecto para el Seminario aprobado en el Patronato del Estudio General “no es regenerar” el conjunto. La entidad recalca que lo presentado por el Ayuntamiento de Huesca, la Diputación y la Universidad de Zaragoza supone “derribar la tercera parte” del Seminario.

Señala la Plataforma que este proyecto, que opta a que los fondos europeos de reconstrucción financien todo o parte de sus 14 millones de euros, prescinde “de los informes técnicos más solventes que prescriben el mantenimiento integral”. Y esta omisión se hace, agrega, “sin justificación ni criterio”.

El proyecto aprobado la semana pasada respeta las partes del Seminario con protección patrimonial, como la iglesia de la Santa Cruz, el claustro central o la fachadas principales que dan a la plaza Universidad y General Alsina -la conocida como “L”-, indicaron las tres instituciones que acudieron al Patronato del Estudio General. En los nuevos espacios se ubicarán bibliotecas y salas de estudio de la UZ, así como zonas administrativas y de Vicerrectorado. Por su parte, la DPH trasladará la biblioteca del IEA. En cuanto al Ayuntamiento, este prevé abrir espacios ajardinados y un mirador de la antigua muralla y la Sierra de Guara.

La Plataforma, sin embargo, “no concibe que la UZ y la DPH valoren positivamente un expolio patrimonial que erosiona la memoria y abona la pérdida histórica de la ciudad”. A juicio de la entidad, el Ayuntamiento “atropella la razón cuando prescinde de los informes técnicos más solventes para mantener un inexplicable proyecto de derribos”. El proyecto, resume, “propone una grave mutilación al eliminar las edificaciones que rodean el patio interior, el más antiguo y eje del complejo constructivo”.

Por estas y otras razones, la Plataforma estudia con sus abogados impugnar el proyecto que al no tener justificación, “podría suponer una malversación del patrimonio público”, y también pedirá que actúe Europa.