Solicitan un protocolo covid para las residencias de personas con discapacidad

Los miembros de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón dieron este miércoles luz verde a una iniciativa presentada por el PP para establecer un protocolo con las medidas oportunas con respecto a la covid-19 en centros residenciales y de día de personas con discapacidad, así como para sacar una línea de ayudas para paliar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia, y diseñar un programa para combatir las consecuencias mentales y emocionales que la crisis sanitaria ha provocado en las personas con discapacidad y en sus cuidadores.

La diputada del PP Marian Orós expuso las líneas principales de la proposición no de ley, y recordó que “a lo largo de la pandemia todos los decretos, órdenes y protocolos, tanto sanitarios como de Servicios Sociales, establecían idénticas medidas para combatir el virus, cuando la situación de cada perfil es distinta”. En este sentido, Orós recalcó que “el perfil de las personas con discapacidad intelectual es muy diferente y es importante destacar en las órdenes y medidas específicas para este colectivo”.

Los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE-Podemos-CHA-PAR, presentaron dos enmiendas a la iniciativa, que fueron aceptadas por la portavoz del grupo proponente. La parlamentaria socialista Lorena Canales insistió en que, desde el Gobierno, se trabaja “día a día de la mano con las entidades del tercer sector” y “el compromiso es firme”. De igual forma, reflexionó que, “aunque la situación todavía no está superada, las secuelas de la pandemia van a afectar a los sectores más vulnerables”.

La diputada de Podemos, Vanesa Carbonell, aseguró estar de acuerdo “con el fondo de la proposición no de ley” y, en relación con el segundo punto del texto de impulso, defendió que “cuando lleguen los fondos se van a establecer ayudas específicas para las residencias”.

En representación de CHA, Carmen Martínez, recordó que “el G. P. Popular proponía que la Comunidad autónoma tuviera una disposición de menos de 300 millones de euros bajando los impuestos” y “tampoco querían los fondos europeos”. La parlamentaria del PAR, Esther Peirat, declaró entender la “preocupación” de Orós por “la desescalada en los centros y residencias de personas con discapacidad”, pero “las medidas efectivas ya han sido tomadas y la orden 85/2021 recoge sus peticiones”. A continuación, como grupos no enmendantes, tomaron la palabra los representantes de Ciudadanos, Vox e IU.