El PP propone estudiar una fórmula jurídica para exigir la vacunación

El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha solicitado al Gobierno autonómico que estudie la fórmula jurídica adecuada para poder exigir a los trabajadores de las residencias de personas mayores que se vacunen contra la covid-19, después de que se haya pasado de dos brotes y dos contagios el pasado 1 de julio a los 52 brotes y 485 afectados esta semana, de ellos, 385 residentes -con 35 hospitalizados- y cien trabajadores.

En rueda de prensa, la diputada del PP en el Parlamento regional, Marian Orós, explicó este viernes que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la obligatoriedad de la vacunación en caso de epidemia y para los sectores “más sensibles por su cercanía a determinados colectivos”.

Detalló que en Francia e Italia es obligatoria la vacunación para sanitarios, personal de residencias de mayores y bomberos, y hay comunidades autónomas que, dentro de sus competencias, están buscando esa fórmula jurídica que les permita adoptar esa medida, como Galicia, Murcia, País vasco, Cantabria y Baleares, ha enumerado.

La diputada del PP comentó que, en Aragón, hay 800 profesionales vinculados a las residencias que están sin vacunar, a quienes se pide una PCR cada 72 horas, que han de costearse ellos mismos o la empresa, lo que supone un gasto mensual de unos 400 euros por empleado, por lo que se han negado “y han llevado el asunto a los tribunales”. Para Orós, el Gobierno de Aragón debería aplicar alguna medida que permita la realización de esos test. Por lo que se refiere a la recomendación de que los trabajadores no vacunados “no estén en puestos de relación directa con los residentes”, es una medida “inviable” en algunos casos, dijo.

La parlamentaria ‘popular’ esgrimió que se trata de proteger “un bien superior, como es la vida y la salud de los mayores”. En este contexto, reclamó que el Gobierno de Aragón se dirija al de España para que modifique la Ley General de Sanidad y ésta contemple esa obligatoriedad de la vacunación en estos casos.

“Se han multiplicado por diez las infecciones en las últimas tres semanas” en las residencias de mayores de Aragón, alertó la diputada del PP, que también pidió al Ejecutivo regional que, a través de la norma pertinente, “debería exigir” que en cualquier nueva contratación en estos centros se presente el certificado de vacunación, igual que para las visitas de familiares, algo que ahora solo es una recomendación.

Orós lamentó que, este verano, “hayan vuelto a saltar todas las alarmas” y el Gobierno autonómico, “una vez más, haya sido incapaz de verlo y de adelantarse”, con una sexta ola en Aragón “en la que ha vuelto a ir por detrás de los acontecimientos”.

La diputada sostuvo que la vacuna ha supuesto un “freno” en las personas fallecidas y “gracias a ella hay menor incidencia” respecto a los “dramáticos” datos de las ondas epidémicas precedentes, pero el Gobierno debe tender en cuenta que la vacuna no es esterilizante “y hay muchos mayores que se están reinfectando”.