Justicia reconoce la antigüedad de los empleados discontinuos de los comedores

Comisiones Obreras ha lamentado haber tenido que llegar a los tribunales para que sean sucesivas sentencias, y no la propia administración autonómica, las que reconozcan la antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos de los comedores públicos escolares.

En la última sentencia, dada a conocer este martes por las federaciones de Enseñanza y de Función Pública del sindicato, el juzgado de lo Social Único de Teruel reconoce a una trabajadora que en el cómputo de su antigüedad se le tenga en cuenta todo el periodo íntegro de la prestación del servicio como fija discontinua, un tipo de contrato que abarca diez meses al año.

Arancha García-Carpintero, de la federación de Enseñanza de CCOO, ha lamentado en rueda de prensa que los derechos de estas personas tengan que reconocerse en los juzgados y no en el marco de la negociación con la administración.

"No es de recibo que porque estén contratados de manera precaria tengan que estar dos meses en el desempleo y su antigüedad no se vea reconocida", ha asegurado, al tiempo que ha considerado que se demuestra que trabajar en la administración autonómica no es "una bicoca" y que el Gobierno de Aragón "se torna en el peor empresario".

Las sentencias, como la conocida ahora, responden a un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2019 que ya reconocía como discriminatorio el trato al personal con actividad fija-discontinua a los efectos de antigüedad y a una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que reconoce el derecho de antigüedad del personal fijo discontinúo por todo el tiempo de relación laboral y con la máxima amplitud posible.

Según CCOO, en la provincia de Huesca hay 32 centros educativos con comedor de gestión directa con 62 trabajadores, 19 centros y 32 trabajadores en Zaragoza y 3 centros con 12 trabajadores en Teruel.

Todos con condiciones de "precariedad" y un "exagerado volumen de trabajo", según Pedro Sánchez, oficial de primera de cocina en un colegio de Huesca.

Sánchez ha denunciado que hay cocinas mal equipadas, con personal insuficiente, y que las plantillas acumulan una importante carga de trabajo, puesto que además de hacer la comida, deben encargarse de los pedidos, del almacenaje, de rellenar los papeles que pide Sanidad, de la limpieza y de la verificación del material.

Ha reclamando también unas bolsas de trabajo efectivas para cubrir con prontitud las bajas por enfermedad, así como unificar criterios en cuanto a las ratios de personal por alumnos.

María Lobera, secretaria de acción sindical de CCOO en la DGA, ha asegurado por su parte que en el Gobierno de Aragón hay 900 personas que trabajan en jornadas parciales con unas "condiciones laborales precarias".

Esto es, o bien que se les contrata por menos de doce meses o por una jornada laboral que no es completa, y el 80 por ciento de estas personas son mujeres.

Lobera ha exigido a la administración más talante negociador y que no se tengan que resolver los conflictos laborales en los juzgados.