El nuevo pliego de ambulancias reduce en un 17 % los vehículos en las zonas rurales

Los nuevos pliegos del transporte sanitario urgente reducirán en 15 las ambulancias con las que cuentan las zonas rurales de las tres provincias aragonesas, un recorte del 17 por ciento respecto a la cifra actual, denunció ayer la organización Sindicato Cooperación Sindical (SCS). Juan Antonio Busqueta, representante de SCS, afirmó que las nuevas condiciones “precarizan todavía más” la ya muy complicada situación del transporte sanitario terrestre y ahondan la diferenciación entre pacientes, con ciudadanos “de primera” -en las zonas urbanas- y “de segunda” -en las rurales-.

SCS actualizó ayer el listado de ambulancias desactivadas en Aragón por falta de personal que viene haciendo regularmente. En lo que va de mes de enero, 23 de las 27 ambulancias que hay en la provincia oscense, el 85,2 por ciento, “se han visto desactivadas parcial o totalmente”.

Busqueta se detuvo en la situación en Barbastro. En lo que llevamos de mes, la ambulancia de soporte vital básico (SVB) ha sufrido incidencias de esta índole durante 8 días y más grave es la situación con la UVI. Este vehículo, que “da asistencia interhospitalaria a los usuarios de 5 comarcas”, ha tenido 16 días con incidencias y en 7 de ellos se ha “desactivado totalmente”.

“Es inaudito, no sabemos cómo se está manteniendo esto en el tiempo”, afirmó Busqueta, que calificó la situación de “desesperante”. “Nos atañe a todos, es sanidad, y es para tomárselo muy en serio -insistió- Es más preocupante de lo que parece. La UVI móvil (de Barbastro) está parada y aquí no pasa nada”.

SCS llevó a Fiscalía a mediados de enero estos incumplimientos y la “dejadez” de la ute Acciona-Ambunova. Entonces, el 78 por ciento de los turnos de las ambulancias de la provincia habían sido desactivadas de manera parcial o total (ahora el porcentaje, según SCS, se eleva al 85,2) y reclamó, ante la “inacción” de la DGA, 412.000 euros en saciones y la resolución del contrato.

Busqueta explicó que en el actual pliego se incrementa el presupuesto -de 67 a 92 millones, precisó-, pero ello no se traduce en una mejora del servicio. Al revés. Apuntó que a la reducción de ambulancias en el medio rural hay que añadir que “las pocas que quedan siguen con el sistema de localización”, lo que “retrasa en 15 minutos” la salida de la ambulancia.

Situación “infame”, según el Colegio de Médicos

También el Colegio de Médicos se pronunció ayer sobre el asunto y el presidente de la entidad colegial, José María Borrel, tildó la situación en la que se encuentra el transporte sanitario en Aragón de “infame”. “No llegan ambulancias a urgencias vitales y no llegan porque no hay dotación para ahorrar”, criticó.

El presidente del Colegio de Médicos reparó especialmente en la situación en el 061, que “supera (en gravedad) a todo lo demás y por mucho”.

Tras recalcar que el hecho de que una ambulancia llegue a tiempo o no a una urgencia y lo haga con los medios y personal adecuados se trata de un “servicio fundamental”, Borrel señaló que “si el objetivo es acabar como en los países anglosajones, donde (las ambulancias) son paramédicos para llevar pacientes, poco a poco se van dando pasos”.

“Ellos (en alusión al Gobierno de Aragón) verán qué futuro plantean para el sistema sanitario público”, concluyó el presidente colegial.

“Es preocupante que se necesite una ambulancia medicalizada y no este”. Así resumió la situación Maite Villarroel, vicepresidenta del Colegio y vocal para hospitales.

Villarroel indicó que el transporte sanitario en la comunidad está en un momento “muy problemático” porque hay “muchas bajas” y “el sistema no tiene capacidad de sustituir” a los trabajadores enfermos. Esto acaba produciendo la desactivación de las ambulancias al no haber personal.