Huesca

DIA DE ARAGÓN 2022

El agua, un elemento que forma parte de la identidad de Aragón como pueblo

“Aragón tiene la capacidad de gestionar sus recursos y de decidir lo que quiere”

Imagen de un desembalse en el pantano de El Grado, una de las grandes obras hidráulicas del Alto Aragón que regula el río Cinca.
Imagen de un desembalse en el pantano de El Grado, una de las grandes obras hidráulicas del Alto Aragón que regula el río Cinca.
J.A.B.

“Gracias al Estatuto de Autonomía, Aragón tiene la facultad de decidir sobre la política del agua de acuerdo con la Administración General del Estado en el ámbito de lo que es competencia del Estado, que es la planificación. Aragón, como comunidad autónoma, tiene la capacidad de gestionar sus recursos y de decidir sobre lo que quiere y entiende que debe de ser la política del agua para sus ciudadanos y para su territorio”.

Así lo explica el especialista en planificación del agua y regadío Eugenio Nadal, quien actualmente coordina la Mesa de Diálogo del Agua encargada de identificar cuestiones para la actualización del Pacto del Agua, tras haber ocupado, años atrás, diferentes cargos como presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón.

Nadal no duda en asegurar que “el agua forma parte de la identidad de Aragón como pueblo”, algo que considera “lógico, teniendo en cuenta que es un territorio con unas características naturales climáticas desfavorables para la vida y sin embargo con una buena disponibilidad de recursos en la parte del Pirineo, fundamentalmente, y en la Ibérica. Es lógico que un pueblo que tiene un territorio con grandes sequías, muy desértico, encuentre en el agua su salvación y eso produce una identidad; una identidad que se mantiene a lo largo del tiempo”, apunta.

El también ingeniero agrónomo enumera los hitos más importantes en materia de política hidráulica que ha vivido Aragón desde la aprobación del Estatuto de Autonomía hasta la actualidad.

A su juicio, el primer hito tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón se produjo en 1984, cuando al amparo de la Constitución y el Estatuto, Aragón recibe las primeras transferencias específicas en materia de aguas desde el Estado. Se trata de la capacidad de auxilio técnico y económico que prestaba el Estado a las corporaciones locales en actuaciones del ciclo urbano del agua (como saneamiento o depuración) que pasa a ser competencia de la comunidad. También se incluye la ordenación de los cauces a su paso por los cascos urbanos.

“Con esa transferencia se da dinero y unos funcionarios; y eso es el embrión de la primera administración hidráulica de Aragón, amparada en el Estatuto de Autonomía”, señala.

Un año más tarde, en 1985, el Estado transfiere a la comunidad competencias vinculadas a la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que afectan al regadío, “un tema relacionado con el agua fundamental para Aragón”, puntualiza Eugenio Nadal.

“Los regadíos pasan a ser competencia de la Comunidad autónoma, salvo aquellos que tienen una declaración de interés general”, concreta.

En 1986, con la nueva Ley de Aguas, Aragón se integra en la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como comunidad autónoma (hasta entonces, la Junta de Gobierno de la CHE la conformaban la representación institucional de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos).

Posteriormente, llegó la transferencia de las competencias en materia de ordenación del territorio que, que dado su carácter transversal, influyó también en la política hidráulica al hablar, por ejemplo, de compensaciones territoriales por la construcción de embalses.

La siguiente fecha marcada con mayúsculas en la historia de la política hidráulica aragonesa es 1992. Ese año, las Cortes aprobaron, también al amparo de las competencias estatutarias, el Pacto del Agua de Aragón, que recoge todas las obras hidráulicas que la comunidad quería incluir en el primer Plan Hidrológico Nacional que se iba a aprobar un año más tarde, en 1993. con el ministro Josep Borrell.

“Aragón, a la vista de las previsiones del Plan Hidrológico Nacional pacta con el Estado el Pacto del Agua, a modo de protección de los derechos de Aragón con respecto al agua y es donde se establece la reserva estratégica de los 6.550 hectómetros cúbicos”, explica Nadal,

El Pacto del Agua de Aragón recogió todas las piezas de regulación hidráulica a construir en la Comunidad, como los embalses de Biscarrués, Santaliestra o Jánovas, en el Alto Aragón.

Eugenio Nadal da un salto en el tiempo hasta el año 2006, aunque recuerda que antes se creó el Instituto Aragonés del Agua (IAA) para la gestión del contenido del Pacto del Agua, para abordar actuaciones del ciclo urbano del agua (abastecimiento y saneamiento) y también, junto al Departamento de Agricultura, para actuar en materia de regadío. “En este organismo recae por ley la facultad y la competencia de las funciones del Gobierno de Aragón en materia de agua”, especifica.

Añade que entre 1992 y 2002 hay un hito que guarda relación con el Estatuto, “ya que gracias a la reserva estratégica de los 6.550 hectómetros cúbicos, técnicamente pudimos echar atrás el trasvase del Ebro de los 1.050 hectómetros cúbicos del Gobierno de José María Aznar del año 2000”.

Destaca que en el año 2006, la Comisión del Agua de Aragón llevó a cabo la primera revisión del Pacto del Agua. “Se desecha Jánovas, se desecha Santaliestra, se reduce la capacidad del recrecimiento de Yesa de 1.500 a 1.000 hectómetros cúbicos, así como la de Biscarrués, de 192 a 35 hectómetros”, detalla Eugenio Nadal, que califica este año de “momento importante” en la historia de la política hidráulica de Aragón.

También en el año 2006, las Cortes de Aragón aprueban las Bases de la Política del Agua de Aragón al amparo del Estatuto que siguen estando vigentes en la actualidad.

Con el paso del tiempo y las nuevas circunstancias surgidas por la judicialización de embalses, se abogó por una revisión del Pacto del Agua. El primer varapalo judicial para el embalse de Biscarrués llegó en 2017, cuando la Audiencia Nacional anuló el anteproyecto y la declaración de impacto ambiental por una infracción a la Directiva Europea del Agua, a instancias de los ayuntamientos afectados y de organizaciones ecologistas. Y el definitivo fue en 2020, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia y el Gobierno central descartó su construcción definitivamente.

Para llevar a cabo esa revisión del Pacto de Agua, se creó en 2021, la Mesa de Diálogo, conformada por once representantes de diversos ámbitos y sectores bajo la coordinación de Eugenio Nadal, cuyo cometido es elevar un nuevo dictamen que actualice la política hidráulica de la Comunidad de Aragón. 

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