Orduna anula en un decreto el acuerdo de mejoras para la Policía Local firmado con los sindicatos CSL y CSIF

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Huesca ha denunciado este miércoles que el 'I Acuerdo para mejoras laborales de la Policía Local', firmado el pasado 21 de julio entre los sindicatos CSL y CSIF y el equipo de gobierno (PP) es "ilegal" y "nulo de pleno derecho", basándose en informes jurídicos y técnicos solicitados por el propio grupo a Secretaría e Intervención. 

Según ha anunciado el grupo socialista, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, firmó este pasado martes, 19 de septiembre, un decreto anulando el acuerdo, estimando el recurso presentado por la sección sindical de UGT el 4 de agosto solicitando la nulidad del mismo.

En una rueda de prensa, los socialistas han pedido "que se asuman responsabilidades por parte de quien corresponda" al Gobierno local, por la firma del citado acuerdo. 

Y es que la nulidad del mismo se basa, según han expuesto los socialistas, en dos motivos; que "los firmantes no tenían ni capacidad ni competencia para firmar estos acuerdos, dos concejales (José Miguel Veintemilla -de Personal- y Gemma Allué -de Seguridad Ciudadana- y la jefa de gabinete, Antonia Alcalá". Además, ha explicado el concejal José María Romance, "el procedimiento que se había seguido no era el correcto, porque se tiene que llevar a una mesa de negociación", por lo tanto "el procedimiento también es nulo". 

En el decreto de la alcaldesa se reconoce que "los firmantes del acuerdo" son "órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia", así como que "no" se ha "seguido el procedimiento legalmente establecido en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas". 

Romance ha acusado al equipo de Gobierno de negar este acuerdo y de "ocultismo y engaño tanto a los sindicatos como a los grupos de la oposición. En las mesas de negociación y en las comisiones de personal ningún se ha informado de la existencia de este acuerdo ni de un recurso contenciosos administrativo presentado por UGT". En el Ayuntamiento la representación sindical está integrada por UGT, CCOO, CSIF y CGT, mientras que CSL es un sindicato corporativo de Policía Local. 

El contenido del acuerdo se refería a permisos, bolsa de horas, cambios de turno, formación y atestados y oficiales. "Se regulan los permisos de los trabajadores de la Policía Local, considerando de concesión automática de algunos permiso como el disfrute de los días asuntos propios. También se regula una bolsa de horas no existiendo ninguna regulación al respecto con carácter previo al informe del acuerdo. Y  regula la formación de la Policía Local, un sistema de formación que contradice lo establecido en el pacto de funcionarios del Ayuntamiento. Estas tres medidas no se adecua a la legalidad del Ayuntamiento", ha explicado Belén Hernández, concejala socialista.

Romance ha mostrado preocupación porque "de las primeras acciones del equipo de gobierno que está desarrollando en materia de personal sea la firma de un acuerdo ilegal. Se empieza mal en materia de personal siendo especialmente en la que hay que tener mucho cuidado en todo lo que se realiza".

Desde el equipo de Gobierno, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gemma Allué, ha contestado a la denuncia socialista, señalando que el documento "es un acuerdo entre plantilla, jefatura y equipo de gobierno cuyo curso continúa en la Mesa de Negociación. Se trata de un acto del procedimiento negociador abierto. Por tanto, ha sido ese acto concreto el que se ha considerado nulo y no el conjunto de trámites que están todavía en marcha".

El proceso administrativo, resaltan desde el equipo de Gobierno, que atañe a la organización interna del Cuerpo "no está cerrado y continúa en la Mesa de Negociación", órgano que tiene su próxima convocatoria el día 27  "para hablar monográficamente de la organización en la Policía Local".

E insisten que sin la firma de este acuerdo interno "no hubiera sido posible organizar con garantías el plan de seguridad" de la jornada de las elecciones generales del 23 de julio y durante las fiestas de San Lorenzo, objetivo del acuerdo, así como el "tratar de dotar de eficacia a la organización de la plantilla".