Susín impulsará una historia social única para que los servicios sociales no sean estancos

La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha explicado que uno de sus objetivos en esta legislatura es impulsar una historia social única para cada persona en una plataforma digital que, además de reunir toda la información personal, ayudará a los profesionales a trabajar con todas las herramientas para conseguir que los servicios sociales dejen de ser "estancos".

En su comparecencia ante la comisión parlamentaria del ramo para explicar las líneas maestras de su departamento para esta legislatura, la consejera ha insistido en que uno de sus principales objetivos es "superar las barreras entre departamentos", el suyo con Educación y Sanidad, y trabajar de forma coordinada para garantizar un adecuado desarrollo personal, emocional y social de los aragoneses.

Esta herramienta dependerá de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades, que también trabajará en la formulación de iniciativas y actividades de sensibilización social, información, formación y participación para la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas, sean cuales seas sus circunstancias.

Ha hecho especial hincapié en que su consejería va a ser "la de las personas", con el fin de "empoderarlas" y acompañarlas a los largo de su trayectoria vital para que, con autonomía, sean capaces de lograr sus propios objetivos y mejorar su calidad de vida.

El cambio del nombre del propio departamento, para incluir a la familia es para Susín una clara declaración de intenciones, y ha anunciado que se va a introducir la perspectiva de familia en todas las acciones del ejecutivo, así como que se impulsará una ley con medidas de protección social, económica y jurídica, con un "decidido apoyo" a la infancia y adolescencia, a la natalidad, a la conciliación y a la corresponsabilidad, especialmente en el medio rural.

También ha anunciado que reivindicará activamente ante el Gobierno de España, con un consenso previo en las Cortes, la aprobación de una Ley Nacional de Servicios Sociales, porque "no sólo la dependencia precisa de una financiación suficiente y estable, también la discapacidad y la vulnerabilidad".

Pero respecto a la dependencia, también reclamará al Estado que "cumpla con su financiación" con fondos "estables y no coyunturales".

La creación de la Dirección General de Mayores, por otro lado, ha sido una "decisión estratégica", según Susín, que también impulsará una ley de derechos de las personas mayores para refrendar legalmente sus derechos y que luche contra la soledad no deseada con medidas innovadoras e intergeneracionales.

Además, ha dicho que promoverá el Plan de Inclusión Aragonés para coordinar todas las políticas públicas de empleo, formación, sanidad, vivienda y servicios sociales para que, junto al Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, de nueva creación, proporcionen programas e instrumentos de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales vulnerables.

Tiene intención también de revisar la ley de servicios sociales de 2009 y su cartera de servicios, así como organizar conjuntamente el sistema de dependencia, que convive al margen del de discapacidad.

Los portavoces de PSOE, CHA e IU han mostrado su preocupación por cómo los pactos con Vox van a influir en la gestión de un departamento entre cuyas competencias está la inmigración o los derechos de las personas LGTBI.

La consejera ha instado a la izquierda a superar el debate "paternalista" y a reconocer que los servicios sociales han superado una perspectiva "asistencialista" y el modelo actual se basa en acompañamiento hacia la autonomía.

Y ante las críticas de Pilimar Zamora, quien ha lamentado que las medidas anunciadas son "cáscara y no nueces" y que solo se basen en bajar los impuestos a quien tiene más para que haya "menos justicia social", la consejera le ha recordado que Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales de 2022 demuestra que Aragón está "por debajo de la media" en prestación, aunque a la cabeza en regulación, es decir, en "leyes de papel" que posteriormente no conllevan compromiso presupuestario, algo que ha achacado a los ocho años del gobierno de Javier Lambán.

"Eso tengo, mucha normativa por desarrollar" y un "regalo envenenado", ha lamentado Susín, en relación a la prestación complementaria al ingreso mínimo vital o a las prestaciones de dependencia de personas ya valoradas.

Isabel Lasobras, de CHA, se ha preocupado especialmente por cómo se van a garantizar los derechos sexuales y de las personas LGTBI y se ha interesado, como el de IU, Álvaro Sanz, por el punto del acuerdo de gobierno con Vox que dice que se suprimirá "cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos".

Sanz ha pedido conocer qué entidades son esas, pero también detalles sobre cuestiones que "no pueden esperar", como la demora en la valoración de la dependencia; la modificación de la orden de conciertos con las entidades sociales, o las condiciones mínimas de las residencias de mayores.

Para el diputado de IU, hasta ahora se ha hecho recaer sobre el tercer sector los sistemas de proyección, por lo que la reforma del sistema público es "urgente".

David Arranz, por Vox, ha hecho valer el pacto de gobierno con el PP, en el que la defensa de la familia es "fundamental" y que pretende "desterrar la perspectiva de género" que "tanto dinero ha dilapidado".

Que la gente viva "de su propio esfuerzo", ha dicho Arranz, quien está "a favor" del estado social pero contra la "cultura de la subvención de la izquierda" que crea unos ciudadanos "dependientes", y por eso apuesta por "ayudas a quien lo necesita" con criterios objetivos y con residencia legal en España.

La diputada popular Silvia Casas se ha mostrado "ajena" al "halo del discurso del miedo" y aunque ha asegurado que queda mucho por hacer, se ha mostrado confiada en los resultados del "cambio de modelo".