El respeto a las resoluciones judiciales

Que el rey Felipe VI está consolidando un perfil de autoridad en los asuntos nucleares del Estado ha quedado constatado permanentemente con sus intervenciones en momentos críticos de la evolución de nuestro país desde que está al frente de la Jefatura del Estado. Si, efectivamente, su alocución en octubre de 2017 fue decisiva para poner en su sitio cualquier pretensión de acabar con una premisa indispensable del derecho, como es la unidad de España, en el discurso navideño abogó por el diálogo siempre circunscrito a unas reglas de juego únicas que marca una Constitución de la que debemos sentirnos orgullosos porque es una garantía de igualdad ante la ley.

Ayer, en la entrega de despachos a la 68 promoción de la carrera judicial que excepcionalmente se celebró en Madrid precisamente para conmemorar los cuarenta años de la constitución, entró en otra de las cuestiones que requieren, en la coyuntura actual, de una mayor firmeza y de la elusión de posiciones ventajistas, generalmente atraídas por la tentación de congraciarse con la opinión publicada y hasta con la opinión pública en situaciones de extrema crispación. El monarca recalcó el valor de este poder, imprescindible en el orden y en el respeto al ámbito normativo de un Estado de Derecho, una pieza clave en el entramado institucional que, precisamente, fue diseñado por los constituyentes con el compromiso de que, efectivamente, las fuerzas políticas y el conjunto de los ciudadanos deberían respetar sus veredictos, que emanan no del capricho y de la arbitrariedad sino de la aplicación generalmente estricta de la legislación. Con las lógicas excepciones que marca la condición humana, así es, y la fortaleza de nuestra democracia necesita el prestigio de la Justicia.