Los santos inocentes
Todavía recuerdo aquellos 28 de diciembre en los que recortábamos muñecos de papel y se los pegábamos en la espalda de algún despistado y le decíamos: ¡ inocente, inocente! También decíamos "El burro de San Vicente lleva la carga y no la siente", o algo parecido. Tiempos de inocentadas, inocentes. Los tiempos de ahora ya no son de inocentadas inocentes. No, ahora no, eso el Gobierno lo ha demostrado a los pensionistas con su gran inocentada. Su RDL del pasado día 28.
Esto es lo que nos ha clavado el Gobierno en la espalda a todos los pensionistas con su Real Decreto Ley de 28/2018. Con esta Ley para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, publicada el día de los Inocentes, el Gobierno nos ha clavado dos grandes muñecos. Nos han tomado por inocentes, inocentes. Nos han tomado por el burro de San Vicente. Nos han mentido. Nos han ninguneado y nos han faltado al respeto.
Uno de los muñecos clavados a los pensionistas por el Gobierno se refiere a la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). En su artículo 196.2 recogía, para las Incapacidades Permanentes Totales (IPT) derivadas de una enfermedad común, que su cuantía mínima no podía resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, referenciada al salario mínimo interprofesional (SMI). Esto suponía para el 2018 una pensión de 404,77 euros/mes y en el año 2019 la cantidad de 495 euros/mes.
La inocentada consiste en quitar el "mínimo" marcado en la LGSS y establece que cada año se determinará la cuantía mínima mediante la LGPE, lo que afecta de manera sustancial a los ingresos de los trabajadores que reciben dicha prestación y para los futuros que puedan acceder a la misma.
Por lo que a los trabajadores con IPT para el año 2019 tendrán como cuantía mínima 417 euros/mes en lugar de los 495 euros/mes que les corresponderían. Esto les supone una pérdida de 78 euros/mes, y deja la puerta abierta a posibles recortes de estas pensiones, según el partido que gobierne. Recordemos que esta medida fue propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy en mayo de 2018 y que el PSOE se opuso rotundamente.
La pensión media por incapacidad permanente total (IPT) era de 771,14 euros/mes y a 1 de diciembre de 2018 la percibían 568.037 personas. El Gobierno en lugar de aumentar las cuantías mínimas de todas las pensiones por incapacidad total, opta por realizar un recorte encubierto. Lo que no se puede es dar por un lado, subiendo el SMI, y quitar por otro, haciendo desaparecer el referente del SMI.
El segundo muñeco que nos han clavado el Gobierno en la espalda a los pensionistas es que este RDL prevé la revalorización de las pensiones públicas con arreglo al IPC para el 2019 y que en ningún momento establece que dicha revalorización se realizará con arreglo al IPC Real por Ley y añade: " En el plazo de seis meses , el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar los artículos citados en el apartado anterior (art. 58 de la LGSS y 27 de la Ley de Clases Pasivas del Estado) y establecer, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de la Seguridad Social".
Con estos muñecos que nos han clavado en la espalda a los pensionistas, lo que el Gobierno dice es que el acuerdo firmado el pasado septiembre en el marco del Pacto de Toledo es papel mojado al retrasar dicha regulación seis meses e intentar aplicar un nuevo índice de revalorización cuya fórmula puede utilizar otros baremos basados en el crecimiento de los salarios, evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supondría siempre una subida menor.
Al Gobierno hay que recordarle que dicha medida es injusta y crea una pérdida de poder adquisitivo de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Al Gobierno hay que recordarle que en las movilizaciones se pedía la subida de las pensiones conforme al IPC real y que ustedes en el marco del Pacto de Toledo llegaron a un acuerdo que hoy han vulnerado.
Por todos estos incumplimientos, la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas acordó en su III Asamblea llevar a cabo concentraciones y manifestaciones en todas las ciudades y pueblos del Estado español el próximo día 2 de febrero para denunciar la situación que ustedes están creando.
Hacemos un llamamiento para que acudan a estas concentraciones o manifestaciones y de esta forma puedan quitarse los muñecos de su espalda y evitar que el Gobierno les siga diciendo: ¡Inocente, inocente! o todavía peor: el burro de San Vicente…… ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!
