La impostura del imperativo legal

El arranque de la legislatura tiene una carga simbólica tan importante que utilizar técnicas de trilero con el lenguaje para burlar las obligaciones de los cargos de parlamentarios representa una importante responsabilidad, cuando no una exhibición de carencia de compromiso que pone en entredicho la legitimidad de quien las usa para la alta misión de trabajar durante los cuatro años venideros por los intereses de España. Sí, el Congreso y el Senado, siendo que están integrados por las nuevas autoridades de cada circunscripción provincial, son cámaras en las que se va a dirimir el futuro de todo el país, que es prioritario sobre las veleidades segregadoras.

Las fórmulas están establecidas de acuerdo con el ordenamiento constitucional y son muy sencillas, tanto que contravenirlas no es sino una transgresión inaceptable. Es una impostura jurar o prometer por imperativo legal, porque el Estado de Derecho no obliga absolutamente a nadie a concurrir a unos escaños que son la consecuencia, precisamente, del ejercicio de la libertad y de la democracia. Tal provocación ha sido propia de partidos que ponen en entredicho el valor del edificio elevado por la Carta Magna que nos dimos todos hace más de cuarenta años, y que establece un marco en el que todos los ciudadanos y los territorios han de tener las mismas oportunidades, sin contravenir las normas y sin proceder a burlas como las que ayer se vivieron en la sesión inaugural de la legislatura. Independientemente de la posición de los "políticos presos" -sin discusión posible, sic- en el futuro, que dilucidarán los informes jurídicos, los partidos principales habrán de exigir que se acaten las expresiones que dignifiquen las instituciones y no las minusvaloren. De lo contrario, flaco favor haremos a la convivencia y el respeto.